Sindicatos anuncian movilización en contra del proyecto de ley económica de Daniel Noboa
Voceros del FUT aseguran que el proyecto de ley de eficiencia económica afectará a los trabajadores.
Los sindicatos agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) consideran que es perjudicial para el país y que se precarizará el empleo si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley de eficiencia económica, que presentó el presidente Daniel Noboa.
Voceros de los trabajadores ofrecieron una rueda de prensa el martes 12 de diciembre, en la que expusieron sus reparos y cuestionamientos a la iniciativa legal del jefe de Estado.
Aseguraron que a pesar de presentar a pedidos para ser escuchados en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que tramita el proyecto de ley, la mesa legislativa no los ha recibido.
“No han tenido voluntad de atender a los trabajadores”, comentó José Villavicencio, presidente del FUT.
El dirigente manifestó que se cerrará el año con una ley que afectará a los trabajadores y pueblos, ya que se busca condonar nuevamente las multas, intereses y recargos tributarios a los grandes grupos económicos del país.
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Señaló que aunque la Comisión de Desarrollo Económico retirará de la norma el contrato ocasional sugerido para las zonas francas, en esos espacios habrá flexibilización laboral.
Dijo que otro aspecto grave es eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD), porque beneficiará a la banca y a los grandes grupos económicos, que sacan el dinero para enviarlos a paraísos fiscales.
Con esos y otros argumentos, Villavicencio anunció que las organizaciones sindicales que conforman el FUT realizarán una movilización hacia la Asamblea Nacional el 19 de diciembre, con el propósito de exigir al Parlamento que no apruebe la ley del presidente Daniel Noboa y la devuelva al Ejecutivo.
Para Marcela Arellano, presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), las zonas francas no solo darán paso a condiciones laborales precarias para los trabajadores, sino que las empresas que se asienten en estos espacios no tendrán que rendir cuentas a la legislación nacional “ni pagar impuestos”.
Arellano también comentó que el proyecto de ley abre las puertas a la privatización de los sectores estratégicos y servicios públicos, lo que encarecerá precios a los ciudadanos. “La norma es inconstitucional”, aseguró.
“El Gobierno nos obliga a tomar acciones para que respete a los ecuatorianos”, advirtió la dirigente.
Por su parte, Andrés Quishpe, vocero de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la remisión tributaria no resolverá los problemas fiscales del país. Y señaló que solo el grupo Noboa, según el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI), debe más de $ 143 millones al fisco. Por ello, instó al jefe de Estado a que la corporación relacionada con su familia cancele sus obligaciones tributarias.
Adicionalmente, Quishpe mencionó que existen trabajadores de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), maestras del Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros, que llevan varios meses sin cobrar sus sueldos.
La tarde del martes 12 de diciembre está previsto que el pleno de la Asamblea Nacional realice el primer debate del proyecto de ley. El Ejecutivo presentó el 27 de noviembre la iniciativa legal, con el carácter de urgente en materia económica, por lo cual el Parlamento tiene 30 días para decidir si aprueba o rechaza la norma. (I)
Fuente: El Universo
