Fausto Cayambe busca garantías para la ‘estabilidad emocional y laboral’ de servidores públicos
Varios precandidatos de oposición a la presidencia de la República configuran en sus propuestas de gobierno estrategias para reducir el aparato burocrático. Esto, según el asambleísta oficialista Fausto Cayambe, puede generar inestabilidad emocional en los burócratas.
Por esto dentro del primer debate en el pleno del proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público, el legislador habló de la posibilidad de incluir en la norma una figura para evitar las amenazas políticas a los servidores públicos.
“Yo de servidor público frente a una constante, permanente y sistemática reacción política y aseveraciones como las que acabo de mencionar, estoy seguro no puedo ir a descansar en paz”, dijo el legislador en una entrevista con Diario La Hora.
De su punto de vista no hay un reconocimiento de la función que juega un servidor público en el marco del desarrollo del país y, por lo general, es rentable políticamente manifestar que hay que disminuir el Estado, reducir la burocracia y esas aseveraciones generan incertidumbre en el servidor público.
Durante el primer debate, la también oficialista Betty Carrillo apoyó la moción de Cayambe y aseguró que las leyes que rigen el sector público deben considerar formas para evitar el “bullying u hostigamiento laboral”.
Diego Salgado, legislador por Creo, considera que los servidores públicos que “cuidan los recursos del Estado” y que cumplen sus funciones no tienen por qué estresarse, ya que su estabilidad tiene que ver con el trabajo que realizan. “Lo único que los estresa son las políticas económicas con más impuestos”, dice.
Además, indica que no se debe caer en el “juego” con este tipo de declaraciones. En su óptica, detrás hay una estrategia para asegurar el puesto de servidores que han ingresado a la burocracia con este gobierno, porque Alianza País ya considera la opción de perder las elecciones de febrero del 2017.
En Argentina, en mayo pasado, la Cámara de Diputados aprobó una denominada Ley anti despidos. Esta pretendía que se suspendan los despidos de los empleados públicos durante 180 días y en caso de que se den, los empleadores deberán pagar una indemnización doble durante los próximos seis meses.
El proyecto, en ese caso, fue propuesto por los diputados de oposición al presidente Mauricio Macri, para detener los despidos que su gobierno realizaba en la democracia, ya que consideraba que el régimen anterior, liderado por Cristina Fernández, robusteció innecesariamente el aparato burocrático. El presidente vetó el proyecto.
Fuente: El Comercio
