Santa Elena acumula la tasa más elevada de letalidad por covid-19
En 1956 Emilio Estrada Icaza descubrió la riqueza arqueológica de Valdivia. Bajo la arena de esta comuna ancestral de Santa Elena se ocultaban decenas de figurinas y cerámicas prehispánicas que hoy son patrimonio nacional.
No lo hizo solo. En esas excavaciones intervinieron Arsenio De la Cruz, Néstor Limón, Juvenal Malavé y otros comuneros que fueron arrebatados por la pandemia de covid-19.
“Se fueron y se llevaron sus saberes. Se nos fue lo más valioso de nuestra memoria ancestral”, lamenta Rolando Reyes, presidente de la comuna. En Valdivia fallecía una persona cada dos meses. Solo entre fines de marzo y abril de 2020 murieron 35, en su mayoría adultos mayores.
Santa Elena tiene apenas 1 172 casos confirmados de covid-19, pero el número de muertes confirmadas y probables superaba las 600 hasta el martes 11 de agosto. Esta cifra ubica a la provincia en el primer lugar de mayor letalidad en el Ecuador.
La tasa de letalidad es el porcentaje de fallecidos con respecto a la cifra de contagios; en este caso, si solo se toma en cuenta las defunciones confirmadas, la tasa acumulada es de 28,2%. Pero si se suman las probables el indicador sube a 52%. Los porcentajes son altos debido a la baja cantidad de infectados que ha confirmado el Ministerio de Salud Pública (MSP), en función de las pruebas de laboratorio que se realiza a diario.
En el pico de la pandemia los dispensarios públicos de la provincia cerraron y la divulgación de información falsa generó dudas sobre la enfermedad. La mirada del país se centraba con horror en Guayaquil pero casi al mismo tiempo la Península era severamente golpeada.
“No había dónde buscar ayuda. Hubo tanto pánico y hasta discriminación cuando se hablaba de casos sospechosos que la gente prefirió morir en su casa. Tenemos registros de familias que hicieron ataúdes con los palos de las camas y a la medianoche, a escondidas, sepultaron a sus muertos”.
Ese es uno de los relatos dramáticos que recuerda Emilio Chong, uno de los promotores del Comité de Operaciones Wankavilka de Emergencia o COWE, una especie de COE paralelo que surgió a fines de abril ante “la desatención del Estado”.
Pocos hospitales y déficit de servicios básicos
Era la década del 90 y el epidemiólogo Jhony Real se estableció en Santa Elena para ayudar a las apartadas comunas de Manglaralto durante la epidemia de cólera. “En esa época la gente improvisaba hamacas como camillas para sacar a los enfermos por caminos pantanosos. Ahora el acceso ha mejorado pero las carencias de agua y alcantarillado persisten, y los hospitales colapsaron”.
Para el especialista el limitado sistema sanitario, el peso de población rural y la escasez de servicios básicos -algunas comunas aún se abastecen con agua de pozos y mantienen el uso de letrinas- incidieron en la elevada letalidad en la provincia entre marzo y abril, una tasa que entre julio y lo que va de agosto bajó a cero.
El MSP tiene cuatro hospitales en Santa Elena, tres básicos y uno general. Entre todos suman 106 camas para hospitalización de casos covid-19 (163 en total) y apenas 10 para cuidados intensivos. Real considera urgente fortalecer estos servicios ante el riesgo de posibles rebrotes al finalizar el año, cuando arranca la estación lluviosa en la Costa.
Como alternativa, el COWE armó sus propias brigadas médicas comunitarias. Con el apoyo de una oenegé extranjera pudieron desplegarlas en siete localidades costeras, entre ellas Valdivia, Montañita, Libertador Bolívar y San Pedro en la Península.
Son grupos de jóvenes que fueron equipados y capacitados por cuatro médicos para el seguimiento de los pacientes con diagnóstico clínico de covid-19. Estas brigadas hicieron 1 500 visitas domiciliarias y atendieron 820 llamadas de alerta comunitaria.
“El 80% tenía síntomas entre leves y moderados. 20 eran casos graves y dos fallecieron”, explica la doctora Verónica Chávez, coordinadora técnica médica del COWE. La especialista en Emergencias y Desastres asegura que la intervención comunitaria demuestra cómo con pocos recursos pero con organización se puede contener brotes y mitigar el impacto de la mortalidad.
Al analizar el número de muertes durante la pandemia, en función de la población de Santa Elena, se ve una alta mortalidad. La provincia alberga a 401 178 habitantes
y tiene una tasa de mortalidad de 83 fallecidos por cada 100 000 personas, solo si se calcula con base en los fallecidos confirmados por covid-19. Si se agregan los sospechosos la tasa sube a 152, la más alta del país. El promedio nacional es de 54 por 100 000 habitantes. Propuestas que no reciben respuesta
Cada comuna tuvo que armar sus propios féretros, como lo hacían en el pasado. El presidente del Consejo de Gobierno Wankavika, Smeling Suárez, es nativo de Libertador Bolívar y recuerda que también hicieron sus propias mascarillas artesanales y recurrieron al trueque de productos del mar y la montaña para sobrevivir.
“Armamos nuestras brigadas, capacitamos a nuestra gente, hemos entregado señalética de bioseguridad y alimento. Ahora es tiempo que el Estado tome la posta porque tiene una deuda con nuestros territorios”, dice.
ºDesde el COWE se levantó una encuesta sobre sintomatología de covid-19 pero también de otros datos como el promedio de ingresos antes y después de la pandemia -en algunos casos se redujo a cero-. Toda la información fue georreferenciada, al igual que los resultados de los análisis PCR que han realizado en convenio con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).
164 pruebas han sido positivas de un total de 1 200; es el 13,6%. Estas cifras revelan que siguen apareciendo casos nuevos y una de las posibles causas es la reactivación de las actividades económicas que se acelera a medida que se aproxima el 25 de agosto, fecha tentativa de la reapertura de playas.
Suárez explica que desde el COWE plantean aplicar un semáforo inteligente, según las realidades de cada territorio y el monitoreo de casos por comuna. Por ahora les preocupa lo que ocurre en una comunidad pesquera donde un 50% de pruebas aplicadas dio positivo a coronavirus. La georreferenciación revela que la mayoría de casos, todos con signos leves, se vincula a actividades comerciales. “Hemos tratado de llegar a las autoridades nacionales y locales, sin respuesta”.
El duro impacto de la pandemia en esta provincia es más evidente al revisar las cifras de muertes inusuales. Según el Registro Civil, entre marzo y julio del 2020 murieron 1 877 personas por todas las causas, incluido el coronavirus. En el mismo periodo del 2019 fueron 545.
Son 1 332 muertes adicionales que pudieran atribuirse al covid-19, una cifra dos veces mayor a la del MSP. Durante julio y los primeros 11 días de agosto, el Registro Civil no evidencia muertes inusuales en relación a las defunciones del 2019.
Tres meses después de la oleada de muerte en Santa Elena, su gente volvió al pie del mar. En la playa, en un atardecer de mediados de julio, comunas como Valdivia rindieron homenaje a sus difuntos en ceremonias colectivas. A futuro, como un tributo, entonarán el pasillo Un entierro sin funeral, una composición inédita para honrar la memoria de los que ya no están.
Fuente: EL Comercio.
