El nuevo presidente Lenin Moreno perfiló el jueves una serie de acciones que implican un cambio de rumbo con respecto al gobierno de su antecesor izquierdista Rafael Correa, las cuales incluyen un acercamiento a Estados Unidos y una mayor libertad de expresión.

En la primera rueda de prensa ofrecida por el dignatario a los corresponsales acreditados en Ecuador, Moreno asumió posiciones que eran impensables durante la administración de Correa, quien fue un constante crítico de la prensa ecuatoriana y de Estados Unidos.

También identificado con la izquierda, Moreno dijo que si bien no coincide con la ideología de Washington, “al pueblo estadounidense lo consideramos nuestro amigo”.

Señaló que en atención a una “muy buena amistad” personal con el embajador de ese país en Ecuador, Todd Chapman, “debemos refrescar y aumentar esa confianza que de una u otra forma se pudo… haber perdido”.

Libertad de expresión

En lo que respecta a la libertad de expresión, el mandatario dijo que será respetada, e hizo énfasis en que no quiere “hacer comparaciones”. Asimismo, confió que las entidades a cargo de supervisar dicha libertad “sean orientadoras y no sancionadoras”.

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Durante la gestión de Correa, de una década de duración, decenas de medios de comunicación y periodistas fueron sancionados, algunos de ellos incluso enjuiciados personalmente por el entonces presidente, quien ganó juicios con sentencias por millones de dólares que a última hora se negó a cobrar.

Nueva era

El presidente Lenin Moreno también adelantó una amnistía para los indígenas enjuiciados por protestas callejeras. Dijo que anunciará “buenas noticias” en los próximos días con respecto a “lo que se considera juicios contra la libertad de expresión, de manifestarse”.

“La idea es comenzar una nueva era… un nuevo trato”, señaló.

Alrededor de un centenar de indígenas han sido procesados judicialmente por sabotaje y terrorismo, entre otras causas, y algunos condenados a penas de cuatro años de cárcel luego de que fueran detenidos por protestas callejeras y obstaculizar vías en los últimos años en protesta contra la minería a cielo abierto, al tiempo que reclamaron su derecho a ser consultados previamente.

El gobierno de Correa sostuvo que cometieron delitos y por lo tanto debían ser procesados y sancionados. (I)

FUENTE: EL UNIVERSO

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