Elecciones violentas: 61 asesinatos, atentados y ataques contra políticos
La fotografía de Alba Bermeo Puin aún aparece en el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidata a la Junta Parroquial de Molleturo (Cuenca). Ella no pudo verse retratada ahí. El 24 de octubre del año pasado fue asesinada a tiros mientras circulaba por una carretera junto a su hermano. Alba tenía 24 años y llevaba un embarazo de cinco meses.
Su caso no es aislado. Las elecciones seccionales 2023 estuvieron acompañadas de una ola de atentados en contra de políticos, sin antecedentes en la historia del país.
EL UNIVERSO revisó archivos de prensa, reportes policiales y denuncias en la Fiscalía. Encontró 61 ataques violentos contra políticos entre enero de 2022 y el 15 de febrero pasado. De estos, 29 fueron atentados; 22, asesinatos; y 10, de otro tipo.
La mayoría de los ataques ocurrió en diciembre, a vísperas de que el CNE confirmara las candidaturas, y a finales de enero, pocos días antes de las votaciones. La mayoría también se dio en las provincias con mayor tasa de muertes violentas en los últimos meses: Esmeraldas, Manabí y Guayas.
Los criminales no solo atentaron contra los candidatos, sino contra sus allegados. En la mira también estuvieron funcionarios de los gobiernos locales, algunos electos por votación popular. Este Diario identificó que los ataques se dirigieron a 49 políticos.
La tendencia ideológica de estos es variada. El partido que más víctimas tuvo fue el movimiento Revolución Ciudadana, con 14, seguido del Partido Social Cristiano, con 6. El resto está repartido en diferentes organizaciones.
En cambio, la gran mayoría de los políticos atacados (41) ejercía su actividad a nivel cantonal, es decir, en municipios.
El crimen organizado
Los aparatos de Inteligencia ya preveían, desde inicios del año pasado, una ola de violencia en estas elecciones. “Ese problema se nos va a venir capaz que no solo aquí (en Esmeraldas) sino también en ciudades de la costa como las de Guayas y Manabí”, vaticinaba un agente en marzo de 2022.
Hoy, otro agente de Inteligencia afirma que la mayoría de los ataques a políticos, en esas tres provincias, estuvo ligado al crimen organizado. Según su análisis, las bandas buscan infiltrarse en los gobiernos seccionales para facilitar sus actividades ilícitas.
“Para ellos, los gobiernos locales son más importantes que el gobierno nacional”, sostiene, pues pueden gestionar, por ejemplo, el mejoramiento de sus rutas sin tener que desgastarse en la infiltración dentro de un ministerio, que es más complicado.
El agente agrega que las bandas también buscan lavar dinero a través de contratos de los gobiernos seccionales.
Y advierte que las causas de los ataques a políticos son difíciles de establecer, pues cada caso es diferente. Puede deberse a que la víctima se negó a alinearse con el crimen organizado, a que obedecía a una banda contraria, a que engañó a los delincuentes que lo protegían o simplemente a la irracionalidad de los criminales. Por ello, las investigaciones judiciales son imprescindibles.
De los 49 políticos afectados, 24 participaron en las últimas elecciones. Y tres de estos constan en la lista de candidatos supuestamente ligados a grupos criminales, que el Frente Parlamentario Anticorrupción entregó a la Fiscalía.
El académico investigador sobre la inseguridad Luis Carlos Córdova, de la Universidad Central del Ecuador, explica que el crimen organizado es “una actividad ilícita que produce bienes y servicios”, la cual crea un mercado ilegal al que los grupos delincuenciales intentan regular y controlar. Los ataques a políticos en época electoral son un intento de ello, sostiene el catedrático.
Explica que el crimen organizado no es una estructura sólida con jerarquías bien definidas, sino que existen pequeñas células, llamadas clicas, que controlan pequeños territorios, como barrios, y que se disputan entre ellas los mercados ilegales.
En esa dinámica, añade, les resulta estratégico tener influencia en los municipios, pues estos tienen competencia sobre la administración de puertos, aeropuertos y carreteras, áreas clave para el cometimiento de ilegalidades. “O muchas veces, las organizaciones criminales ni siquiera necesitan que (los gobiernos locales) les ayuden, sino solo que no les molesten”, apunta.
El miedo a la política
Una de las víctimas fue Pedro (nombre protegido). Ya había anunciado su candidatura para la concejalía de un cantón del Litoral, pero recibió un atentado con explosivos en una de sus propiedades y un familiar suyo fue asesinado por sicarios. No tuvo otra opción que deponer sus intenciones políticas.
Para Sofía Cordero, de la Red de Politólogas, “la violencia ya es parte de la política”. Afirma que esto pone más trabas a la participación, pues un candidato ya no solo debe lidiar con el costo de la campaña sino también con la presión de los grupos criminales.
Sostiene que existen cantones, sobre todo en la Costa, donde las actividades cotidianas continúan pese a la violencia, pero que estas son controladas más por las bandas que por la fuerza pública.
“Eso es una realidad y te exige, como político, a que decidas si enfrentarte (a los delincuentes) y correr el riesgo o sumarte al juego para sobrevivir”, afirma Cordero.
Sin denuncia, sin justicia
El miedo también se traduce en la falta denuncias judiciales. Casi la tercera parte de los 61 casos ubicados no tiene registro en la Fiscalía. Y de las 41 denuncias encontradas, solo en seis se ha podido determinar la posible responsabilidad de sospechosos que están siendo procesados judicialmente, mientras que el resto de los crímenes está en etapa de investigación reservada.
Los seis procesos judiciales están relacionados con los asesinatos de Jaime Cabezas González, que era precandidato a concejal de Ibarra por Avanza; Gerardo Delgado Olmedo, precandidato a la Alcaldía de Manta por la Revolución Ciudadana; de Julio Frachio Drouet, que fue candidato a la Alcaldía de Santa Elena por Unión Popular; y de Walter Vallejo Pino, quien fue candidato a la Alcaldía de Balzar en las elecciones de 2019, por el Partido Sociedad Patriótica, y fue abogado de Édison Prado Álava (alias Gerald), extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
También cuentan con proceso judicial el atentado que sufrió Holguer Manjarrés Bastidas, candidato a la Alcaldía de Atacames por SUMA, y un asalto a mano armada contra un negocio de la vicealcaldesa de Rocafuerte (Manabí), Vianca Zambrano Rodríguez.
El coronel de la Policía William Calle estuvo al frente de la seguridad de las elecciones y una de sus tareas fue la de proteger a los candidatos amenazados. Afirma que se dio protección personal a unos 16, pues fueron los que la solicitaron, aunque hubo otros que recibieron seguridad dentro del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía y otros que prefirieron contratar guardias privados. “No podemos dar protección a alguien que no la quiere”, asevera el oficial.
Uno de los que sí recibió resguardo policial fue Javier Pincay Salvatierra, que corrió por la Alcaldía de Portoviejo. Fue el político que más atentados recibió. Intentaron asesinarlo, hicieron explotar uno de sus vehículos y atacaron la sede de su campaña. Las imágenes de su votación se hicieron virales por el fuerte resguardo policial que tuvo.
Tras los sufragios, los ataques violentos no pararon. La casa de Jorge Yunda Machado, candidato a la Alcaldía de Quito, fue robada. Samanda Calero Mendoza, candidata a concejala de Olmedo (Manabí), desapareció junto con su esposo. Y el alcalde de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), Baldor Bermeo Cabrera, que buscaba la reelección, casi fue asesinado.
La protección a los políticos se mantiene, afirma el coronel Calle, pues la amenaza continúa. Las elecciones terminan oficialmente el 14 de mayo.
Fuente: El Universo
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