El primer presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump prevé cambios importantes en políticas migratorias, así como la asignación de millones de dólares para reforzar la aplicación de la ley en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos.
Entre otras cosas, contempla que no puedan tener acceso alguno a trabajos, a deducciones al declarar impuestos o a lugares donde vivir, además de que aumenta el financiamiento para las autoridades que supervisan las deportaciones y para costear los vuelos de repatriación para quienes son expulsados.
Las propuestas son parte de un proyecto de 4,1 billones de dólares presentado por la Casa Blanca el 23 de mayo. Son el indicio más claro de cómo Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir un muro fronterizo para frenar la migración, planea llevar a cabo sus políticas de mano dura.
Además del ámbito militar, el migratorio es uno de los pocos para los que se planea destinar más fondos.
“En estos tiempos peligrosos, nuestra mayor atención en la seguridad pública y nacional envía una señal clara al resto del mundo; una de la fortaleza estadounidense”, dijo Trump en un mensaje que acompaña su proyecto presupuestario. “Cumple con mi promesa de mantener a salvo a los estadounidenses, a los terroristas fuera de la nación y a los criminales violentos detrás de las rejas”.
Trump ha pedido 2700 millones adicionales para la seguridad fronteriza. Sin embargo, su enfoque en los migrantes va más allá de los gastos para encontrar a los indocumentados y deportarlos.
La propuesta prohibiría que puedan recibir créditos fiscales en temas como colegiaturas de los hijos, ahora solo disponibles para quienes demuestren tener número de seguro social válido.
Activistas a favor de los migrantes señalan que la propuesta —como el resto del presupuesto de Trump— no representa tanto un intento de promover la seguridad, sino un esfuerzo del presidente de usar todas las herramientas de las que dispone para generar miedo y caos entre los migrantes indocumentados y las comunidades en las que viven.
“Si tu única meta es hacer que las vidas de quienes están aquí sin permiso sean tan miserables como se pueda, esto es bastante efectivo”, señaló Angela Maria Kelley, exfuncionaria migratoria del gobierno de Barack Obama y quien ahora es asesora sénior en la materia para la Open Society Foundations.
Respecto a cambios como los créditos fiscales, añadió: “Es más probable que la gente se esconda aun más a que se vaya del país”, en parte porque ya tienen vidas establecidas o hijos que son ciudadanos.
Trump también amenaza con reducir el financiamiento de las ciudades santuario, aunque una orden ejecutiva para hacerlo fue bloqueada temporalmente por un juez en San Francisco. El lunes, la oficina del fiscal general Jeff Sessions pidió a ese tribunal que reconsiderara el fallo.
Las ciudades santuario no obligan a los funcionarios a cumplir con un estatuto bajo el cual los oficiales deben compartir información sobre migrantes indocumentados con las autoridades federales. En vez de reducir el financiamiento de manera directa, el presupuesto de Trump ampliaría el estatuto para forzar a los gobiernos locales a cumplir con órdenes de detención que han sido emitidas a nivel federal.
No existe ninguna ley que establezca que eso debe ser obligatorio.
“Quieren realizar cambios grandes a la ley a escondidas porque no pueden hacerlo abiertamente”, acusó Dennis Herrera, el fiscal de la ciudad de San Francisco. “Estos cambios irían en contra de la constitución”.
El plan presupuestario de Trump también dispone más fondos para el Departamento de Seguridad Nacional: 100 millones de dólares para cubrir el trabajo de 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza y que incluyen apartados para contratar y entrenar a 500 oficiales nuevos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que tiene a su cargo cumplir con la meta de Trump de deportar de 2 a 3 millones de migrantes “criminales”, recibiría 185,9 millones de dólares para contratar a 850 funcionarios migratorios, 150 investigadores y 805 integrantes del personal de apoyo.
Asimismo, para que 125 nuevos abogados del ICE representen al gobierno federal en las cortes migratorias y en casos sobre deportación. También hay 500 millones de dólares pensados para costear el transporte de quienes han sido expulsados, ya sea en camiones o en aviones, y necesitan ser repatriados.
Otros 1200 millones de dólares serían para expandir la capacidad de los centros de detención. Hay fondos para que haya más camas, a pesar de que el número de personas que cruza la frontera de manera ilegal ha bajado considerablemente; dichas camas probablemente serían para quienes sean arrestados ya en Estados Unidos.
El presupuesto también busca reforzar programas, como E-Verify, con los cuales los empleadores pueden revisar el estatus migratorio de quienes planean contratar. El sistema es voluntario y lo usan 670.000 empleadores. El gobierno de Trump quiere volverlo obligatorio y los republicanos del congreso ya presentaron una propuesta de ley para que así sea.
De acuerdo con el grupo NumbersUSA, que respalda que haya más controles, esto va a reducir el flujo migratorio. “Si no pueden trabajar en Estados Unidos, muchos de ellos no vendrán”, declaró Chris Chmielenski, director de contenido para NumbersUSA.
FUENTE: NEW YORK TIMES
