Militares pueden usar hasta armas letales y el patrocinio del Estado para su defensa en casos de resistencia
A través del Acuerdo Ministerial 179, publicado en el Registro Oficial de ayer, el Ministerio de Defensa establece cinco niveles de uso progresivo de la fuerza en casos de resistencia social y garantiza el patrocinio del Estado a los militares que requieran de una defensa legal por sus acciones.
“El nivel de la fuerza a utilizar por parte del personal militar dependerá del nivel de resistencia del agresor”, dice el Acuerdo Ministerial, y fija cinco niveles que están distribuidos de acuerdo a la “escala racional del uso de la fuerza”.
El primer nivel es de “riesgo latente”, hay presencia del agresor, requiere presencia militar y contacto visual como mecanismo de control.
El segundo es de “resistencia psicológica o pasiva”, la persona se resiste a pesar de la presencia militar, se usa la comunicación y se da instrucciones para persuadir o disuadir.
El tercero es de “resistencia defensiva”, la persona no obedece a las indicaciones del militar, se realiza contacto suave con presión física que “cause dolor leve o moderado” sin lesión.
El cuarto es de “resistencia agresiva”, la persona arremete contra el personal militar, se utiliza la “fuerza dura”, armas y municiones no letales y agentes químicos.
El quinto es el de “resistencia agresiva agravada”, la persona arremete contra personal militar y la agresión puede causar lesiones graves o la muerte del militar, se utiliza la “fuerza letal”, armas de fuego con municiones letales.
En las disposiciones generales, el documento establece que “en todos los casos que el personal actúe en cumplimiento de su función, derivada de la Constitución, la ley o estado de excepción, recibirá patrocinio por parte del Estado, a través del Ministerio de Defensa”.
Al explicar el documento, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló que este es “un tema bastante sensible”, explicó que el propósito fundamental de este Acuerdo Ministerial no es otra cosa que establecer las normas de conducta militar, no es para la población civil y aseguró que son normas que respetan el derecho a la resistencia y la normativa de derechos humanos establecidos internacionalmente. Además de las normas internacionales sobre regulación de operaciones militares.
Jarrín aseguró que, cuando los militares salen a apoyar a la Policía Nacional en el control del orden y la paz social, hacen uso de las armas que “son esencialmente no letales”, pues no salen con el armamento de dotación, sino con equipamiento especial y armamento antimotines o antidisturbios.
Este reglamento se basa en el Manual de Derecho en Operaciones Militares vigente desde el 2014, con el gobierno de Rafael Correa, que ha sido modificado luego de que Defensa emitiera una nueva “directiva contrainsurgencia” después de la paralización y movilizaciones de octubre del 2019. (I)
