El 20 de julio pasado, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán, desechó los recursos de apelación presentados por la mayoría de los sentenciados, ratificando la sentencia de primera instancia, que los condenó como culpables del delito de cohecho pasivo propio agravado, dentro del conocido ‘Caso Sobornos’ que involucra a exfuncionarios y empresarios, entre ellos el expresidente de la República, Rafael Correa.
Es decir que, 17 de los 20 sentenciados (entre ellos el expresidente Correa, el exvicepresidente Jorge Glas en calidad de instigadores) deberán cumplir la sentencia de ocho años de prisión; mientras que, Pamela Martínez (exasesora presidencial) tendrá que pagar la pena atenuada de 38 meses y 12 días, debido a la cooperación eficaz.
“No pensé q llegarían a esto. Realmente confié en que los funcionarios honestos no podrían ser perseguidos.Pero me equivoqué. Me han condenado sin más pruebas q el testimonio de una delincuente confesa. Qué será de mi hijo pequeño? Yo soy todo lo que el tiene!”, lamentó María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas y una de las sentenciadas por el caso de corrupción.
Por su parte, la legisladora Viviana Bonilla sostuvo que la CNJ no consideró las pruebas presentadas por los procesados y solo tomó en cuenta las de Fiscalía para emitir la sentencia
“Jueces prefirieron sucumbir a presiones antes que actuar conforme a derecho. Agotaré todas las etapas para luego acudir a instancias internacionales. Seguiré peleando, sobre todo por mi familia. Con la legitimidad que me da mi inocencia”, resaltó Bonilla.
Según la Fiscalía, en el tiempo investigado existieron aportes irregulares realizados por empresarios, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio del movimiento político Alianza PAIS.
Estos dineros fueron recibidos por altos funcionarios del Gobierno anterior y fueron utilizados en actividades relacionadas con el accionar político del mencionado movimiento y campañas publicitarias. A cambio, los empresarios fueron favorecidos con contratos con el Estado, utilizando figuras como la del convenio de pago.
En el caso específico de Correa y Glas, a través de otros funcionarios del Estado, instigaron e influenciaron para que exista la entrega de valores.
“Lo que en verdad me destruye es ver cómo -por perseguirme a mí- la maldad humana no repara en destruir la vida de personas inocentes, honestas y patriotas, madres de familia, como María Duarte o Viviana Bonilla ¿Podrán dormir tranquilos los jueces corruptos que se prestan a esto?”, manifestó Correa en su cuenta de Twitter.
Finalmente, para el cumplimiento de la reparación integral, el Tribuanl señaló que el pago deberá realizarse en relación a su participación en el delito. Es decir, 778.224 dólares por parte de cada uno de los instigadores, coautores y autores, y 368.632 dólares por cada cómplice.
