Debido a información existente en el proceso sobre otros posibles actos de corrupción en el Municipio de Quito, para evitar impedimentos en el desarrollo de la presente investigación y a la vez que que se evada la acción de la justicia, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó al juez que lleva el proceso por peculado, Vladimir Jhaya, que se cambie la medida cautelar que pesa sobre el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y en lugar de la presentación periódica y el uso de grillete electrónico se emita la orden de prisión preventiva.

El pedido de Santillán se hizo cerca de las 13:00 de este martes, una vez que terminó de enumerar la prueba documental, testimonial y pericial que usará la Fiscalía en una eventual audiencia de juzgamiento en el proceso penal que investiga irregularidades detectadas en el contrato de $ 4,2 millones suscrito por el Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A. para adquirir 100.000 pruebas para detectar “COVID-19-Polimerasa”.

En lo que tiene que ver con las medidas cautelares que solicitó Santillán, el fiscal pidió que se ratifiquen las medidas cautelares que pesan sobre todos los procesados en este caso, pero hizo una salvedad respecto del alcalde Yunda, pidiendo que a él se le emita la orden de prisión preventiva.

Según el fiscal Santillán, en la investigación en curso, en la extracción de la información realizada en la instrucción fiscal por el delito de peculado se pudo obtener “mucha más información sobre actos de corrupción” dentro del Municipio de Quito,

Señaló que existen investigaciones abiertas, en las que se encuentran y se desprenden, dijo, “nuevos elementos suficientes y claros para unas posibles instrucciones fiscales”.

Además recordó el fiscal provincial el hecho de que el nombre del hijo del alcalde Yunda, Sebastián Yunda, aparecería en una experticia de audio y video y afines que revelaría la existencia de “conductas que para el derecho penal son presuntamente serias, relevantes puesto que lesionan bienes jurídicos constitucionalmente protegidos”.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, desde el 18 de febrero pasado mantiene la medida cautelar de uso de grillete electrónico dentro del proceso por peculado ocurrido en el Municipio de Quito. Foto: Cortesía

Ante una denuncia por el delito de delincuencia organizada, la Fiscalía abre una investigación previa y notificó el 1 de abril pasado a Sebastián Yunda Yunda, hijo del alcalde capitalino, para que pueda ejercer su derecho a la defensa. El proceso previo de investigación esta a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción número 4 de la Fiscalía General del Estado.

Días antes de esta notificación, el mismo fiscal Alberto Santillán remitió tres informes periciales, que eran parte de la instrucción fiscal por peculado, a la fiscal general Diana Salazar, “a fin de que en su calidad de máxima autoridad institucional” determine el inicio de las investigaciones correspondientes.

En el impulso fiscal con el que remite los tres informes periciales se habla de que se habrían encontrado “conversaciones por texto (chats) que contienen hechos que ameritan ser investigados, pues los mismos conllevarían conductas penalmente relevantes que pondrían en riesgo o lesionarían bienes jurídicos protegidos” y se presume que el dispositivo móvil que contienen dichas conversaciones pertenecería a Sebastián Yunda.

En el teléfono que aparentemente pertenecería a Yunda hijo, según la pericia realizada, existirían detalles de conversaciones de índole judicial, menciones de información de contratos y proyectos de la ciudad de Quito con empresas nacionales y extranjeras, determinación del cambio de autoridades de instituciones del Municipio de Quito, se hablaría de solicitudes de dinero por parte de personas en instituciones que están dentro de la competencia del Municipio de Quito, …

“Como padre confío en el actuar de mi hijo y más allá de eso legalmente deberá probarse que los presuntos chats que circulan son reales”, respondió Jorge Yunda en su momento al ser consultado sobre este tema.

El fiscal Santillán, este martes, también fundamenta el pedido de cambio de medida cautelar para el alcalde Yunda, explicando que él tendría los medios económicos suficientes para evadir la acción de la justicia.

Entre la tarde del lunes último y la mañana de este martes, el fiscal Santillán emitió dictámenes acusatorios contra los catorce procesados a quienes Fiscalía señala tienen algún tipo de responsabilidad en las irregularidades detectadas. El primero en recibir un dictamen acusatorio fue el alcalde de Quito, Jorge Yunda, como autor mediato.

Para todos los procesados el fiscal Santillán solicitó la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas.

En su cuenta personal de Twitter, el abogado del alcalde Yunda, Juan Pablo Albán, criticó que el fiscal Santillán haya pedido que se cambie la medida cautelar de su cliente hacia una orden de prisión preventiva sin “ninguna motivación fáctica ni jurídica”. “Se ha cumplido de forma estricta las medidas cautelares ya ordenadas. Esperamos que la decisión del juez sea jurídica y no política”.

En la misma línea que su abogado Jorge Yunda se expresó ante el pedido de prisión preventiva en su contra que hizo el fiscal provincial. En su cuenta de Twitter el alcalde capitalino dijo: “Sigo atento la audiencia preparatoria de juicio en mi contray me sorprende que la Fiscalía solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré”.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fue suspendida poco después de las 13:00 de este martes y se reinstalará a las 15:00 de este mismo martes 27 de abril. Una vez la Fiscalía y la acusación particular, el Municipio de Quito, intervino, en la reinstalación la diligencia arrancará con la participación de Juan Pablo Albán, en representación del alcalde. y así uno a uno los abogados de los procesados darán a conocer sus argumentos con los que rechazarán la teoría de la Fiscalía, que generó un el dictamen acusatorio contra todos.

Sobre el pedido de prisión preventiva contra Yunda, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, prefirió no pronunciarse y explicó que esos son temas que los maneja la Fiscalía y la justicia. Lo que si aclaró es que la facultad fiscalizadora, lo que le atañe al interior del Municipio de Quito es revisar la responsabilidad política y administrativa del actual alcalde. “Eso es lo que nosotros estamos resolviendo y dejamos a que la justicia, obviamente con el debido proceso, tome las decisiones que corresponda”.

Para el concejal de Quito, Fernando Morales,  lo correcto es que el juez dicte la prisión preventiva que solicita la Fiscalía, pues cree que el alcalde Jorge Yunda en el “ejercicio de sus funciones y ejerciendo el poder ejecutivo del Municipio de Quito” podría obstruir el correcto funcionamiento de la justicia, la investigación de la Fiscalía y todo el proceso que tiene que llevarse a cabo.

“Si nada le deben a la ciudadanía, si nada le deben a los quiteños, donde está el hijo del alcalde (Sebastián Yunda), por qué ya ha salido del país y no están respondiendo a la justicia. Dónde está el exsecretario Lenín Mantilla, dónde están los contratistas que le vendieron estas pruebas al Municipio de Quito. Estamos seguros que el pedido del fiscal Alberto Santillán de prisión preventiva es pertinente y la solicitud al presidente de la Corte Provincial de Pichincha para que acoja este pedido”, apuntó Morales. (I)

Fuente: El Universo


 

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