Por ejemplo, ya no se castigaría con reducción de score dejar a niños en el auto sin supervisión o si se llevan a personas en los baldes de las camionetas.

La eliminación de 78 causales para la reducción del score en el sistema de puntos en las licencias de conducir planteadas en las reformas a la Ley de Tránsito que fueron aprobadas, el pasado 30 de abril, por la Asamblea Nacional saliente, sería un error que conllevaría a debilitar aún más la seguridad vial del Ecuador, alertan varios colectivos de la sociedad civil.

El sistema de puntos se mantendría solo para las contravenciones de primera y segunda clase. De la tercera a la séptima, se dispuso a la nueva Asamblea que, en un plazo de 180 días, reforme el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y allí se establezcan las sanciones correspondientes.

Sin embargo, estos cambios generarían varias contradicciones que pueden confundir a la ciudadanía y aumentar malos comportamientos, afirma Paola Carvajal, directora de Fundación Ciudadana y coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial.

“Hemos avanzado en la inclusión de algunos factores de riesgo como disminución de velocidad y el uso correcto del casco homologado, pero no vemos coherencia en la eliminación de reducción de puntos para algunas contravenciones. Por ejemplo, se permiten 20 kilómetros por hora como límite de velocidad para zonas escolares y 30 en las urbanas y, al mismo tiempo, la ley quita la reducción de puntos en la licencia para el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos”, indica.

A pesar de que el 2020 y lo que va del 2021 han sido años de restricciones vehiculares y confinamientos, las cifras de siniestros de tránsito siguen siendo alarmantes por lo que eliminar el sistema de puntos para algunas contravenciones sería contraproducente.

Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el año pasado se reportaron 16.972 siniestros de tránsito, que causaron 13.099 lesionados y 1.591 muertos in situ.

Sin embargo, en 2018 o 2019, años prepandemia, la cifra de fallecidos por siniestros calculada por Fundación CAVAT llega a 3.500, ya que habría un subregistro; es decir, al día mueren, en promedio, 10 personas, contando las que mueren en el lugar del siniestro y después de 30 días de ocurrido.

El Ejecutivo tiene la gran oportunidad de dejarle al país una ley coherente por medio del veto parcial y volver a incorporar la reducción de puntos en todas las contravenciones en donde está en juego la vida de las personas como son las relacionadas a los factores de riesgos prioritarios”, añade Carvajal.

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Dice que bajo el criterio de que se estaba sancionado de forma doble (multa económica y reducción de puntos) a cualquier conductor decidieron quitar el tema de los puntos cuando debió ser lo contrario.

“Lo que creemos que debe hacerse es quitar la sanción económica porque esta ley debe buscar modificar las conductas riesgosas a favor de salvar vidas, no es una normativa recaudatoria”, refiere.

Parte de las conductas riesgosas de las que habla Carvajal es andar sin placas en los vehículos. Esto, de ser aprobado por el Ejecutivo, ya no será sancionado con reducción de puntos, lo que repercutirá incluso en la seguridad ciudadana, ya que no se podrá identificar fácilmente a los automotores.

También, dentro de las reformas, ya no se castigaría con reducción de score si el conductor le falta el respeto a la autoridad de tránsito, si no se usa casco, si se deja a niños en el auto sin supervisión de adultos o si se llevan personas en los baldes de las camionetas, entre otros temas. Todas estas infracciones solo se sancionarían de forma económica.

“Dejar solo lo económico es como ponerle valor a la vida. Además, hay tantos mecanismos para impugnar una multa que capaz el conductor infractor no terminará pagando. La idea es que la gente cuide su licencia por puntos, que es una especie de licencia social. Quitando el sistema de puntos no vamos a impactar en la forma de conducir”, señala Carvajal.

Kléber Almeida, coordinador de Fundación CAVAT, comparte la preocupación de Carvajal y afirma que la idea de la licencia por puntos es para que el conductor aprenda a administrarlos, apelando a la autorresponsabilidad, la educación y el cambio de cultura.

Si bien con la ley hemos dado pasos hacia adelante, ahora estamos dando pasos hacia atrás. Estamos regulando de una forma más efectiva el uso del casco, pero por otro lado quitamos la licencia por puntos y esta es una herramienta importante para cerrar el círculo en lo referente a seguridad vial”, afirma.

Indica que en el año 2011 el país entró a un “decenio de acción” con la meta de reducir al 50% las víctimas de tránsito, pero al llegar el 2020 ese objetivos no se cumplió. Aunque en estos diez años se ha puesto el tema de seguridad vial en el debate y se han conseguido avances.

El Ecuador ha establecido otro decenio de acción con miras al 2030 con el mismo objetivo, pero la eliminación del sistema de puntos complicaría la consecución de los objetivos, sostiene Almeida.

Si bien el sistema de score y la Ley de Tránsito son herramientas poderosas para el Estado para sacar de las vías a los malos conductores, no es la solución total para bajar los siniestros o malas conductas, señala Sarahí Maldonado, representante de Consumidores Ecuador.

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Estamos conscientes de que este instrumento por sí solo no garantiza la disminución de siniestros viales. La seguridad vial debe verse de forma integral e incluir, sobre todo, educación a todos los actores que la conforman: autoridades, conductores, peatones, ciclistas, entre otros”, expresa. También rechaza que se quite el sistema de puntos para ciertas causales.

Otro de los temas que se debe vetar, según los colectivos, es el de centros técnicos de revisión vehicular. Las reformas permitirían que se realicen las revisiones a través de talleres mecánicos y, además, se establece que en cada capital de provincia debe haber un centro técnico de revisión.

“No se tiene que ver como una limitación geográfica sino desde el punto de vista del tiempo que le demore al usuario llegar a un centro de revisión calificado. Deben existir indicadores de servicio para que no haya la excusa de porque me demora cuatro horas llegar ya no fui”, indica Carvajal.

Carvajal, Almeida y Maldonado concuerdan en que la aprobación, veto parcial o total de estas reformas las deberá tratar el presidente electo, Guillermo Lasso. “No hay voluntad del presidente saliente de tratar el tema”, dice Carvajal.

Afirman que están dispuestos a dialogar con el Ejecutivo y las nuevas autoridades nacionales de tránsito, que todavía no han sido designadas, para explicar sus inquietudes y lograr un veto parcial. Aunque reconocen que el tiempo que tendrá Lasso para analizar las reformas es muy corto.

Hoy, 20 de mayo, Lasso oficializó como ministro de Transporte y Obras Públicas a Marcelo Cabrera. El nuevo funcionario también deberá estar al tanto de las reformas a la Ley de Tránsito. Los colectivos insisten en un veto parcial, ya que las muchas de las modificaciones planteadas son “muy positivas”.

Regulación a plataformas digitales

Fundación Ciudadana y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial aseveran que las aplicaciones para delivery, que por lo general emplean a trabajadores motorizados, también necesitan de una regulación de tránsito en Ecuador.

Indican que debe haber una póliza de seguro de responsabilidad civil en caso de darse un siniestro. Esto debido a que las apps generan una presión al motociclista para que entregue el pedido lo más rápido posible.

“El motociclista con tal de cumplir el tiempo que le está exigiendo la aplicación se va en contravía, cruza aceras o zigzaguea entre los vehículos. Se debe regular que no haya un ofrecimiento de tiempo para entregar los productos y debe existir una responsabilidad civil para sus conductores”, señala Carvajal.

Además, estas plataformas deben tener un plan de seguridad vial empresarial que controle, de forma aleatoria, cuál es la manera de conducir de sus motorizados. (I)

Fuente: El Universo

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