Asamblea debe votar si sentenciados recibirán pensiones vitalicias otra vez
La posibilidad de que el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas recobren sus pensiones vitalicias, a pesar de enfrentar condenas por delitos contra la administración pública, generó revuelo en la Asamblea.
Se trata del proyecto de reformas a los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que irá a segundo debate en el Pleno después de la vacancia legislativa, que va del 12 al 26 de septiembre.
En el documento se propone eliminar el texto que exceptúa de la pensión “a los mandatarios que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito”.
La prohibición que se pretende revertir se aplica desde 2020, por una disposición que entró en vigor con la Ley de Apoyo Humanitario por la pandemia del covid-19.
Los votos correístas
El texto de la reforma, que no tiene el carácter de vinculante para el Pleno, fue aprobado en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Eso fue posible con los votos de las asambleístas Pamela Aguirre, Marcela Holguín y Johana Ortiz, de la bancada correísta de Unes. También del socialcristiano Luis Almeida y de Eckenner Recalde, exintegrante del bloque de la Izquierda Democrática (ID).
Torres se desmarcó ayer de la postura de Almeida. Adujo que “hubo una confusión” en el momento que Almeida votó a favor del proyecto. “Me dice que se ha equivocado”, expresó. Incluso la bancada emitió un comunicado.
De acuerdo con el acta de la Comisión, Almeida sostuvo que para que los exmandatarios puedan acceder a este beneficio “la única restricción que debe existir es haber sido elegidos popularmente”.
“Nosotros estamos de acuerdo con esa excepción para que en los casos en donde exmandatarios hayan sido sentenciados y las sentencias estén confirmadas por una serie de delitos, esas pensiones no se las den. Esa es la posición oficial del PSC y que motivará nuestro voto cuando este tema vaya al Pleno”, insistió Torres.
El oficialismo anticipó que votará en contra de esta reforma en el Pleno. “Una ley no es retroactiva. Si ellos planean devolverles las pensiones vitalicias a los prófugos de la justicia debieron haberlo pensado antes de ir a un proceso penal y tener una sentencia”, dijo Ana Belén Cordero, de Creo.
La asambleísta Pierina Correa, hermana de Rafael Correa, defendió esta iniciativa. Adujo que los cargos por concusión se formularon después de que dejó el poder.
“Los cargos se los inventaron después. Son cargos que, con el tiempo, tanto aquí como afuera en las instancias internacionales, se demostrará que fueron irregulares, ilegales, y de completo fraude procesal”, aseguró la legisladora.
Pierina Correa manifestó que su hermano tenía el derecho de seguir recibiendo su pensión. Señaló que este beneficio no debe ser entregado a quienes no completaron el periodo.
Le legisladora reconoció que antes de que la pensión al expresidente Correa fuese suspendida, ella realizó los cobros porque es su apoderada legal, mientras él reside en Bélgica y enfrenta un proceso de extradición.
Otro de los integrantes de la Comisión de Trabajo es Salvador Quishpe, coordinador de Pachakutik. Él manifestó que entregará al Pleno un informe de minoría, para requerir la eliminación de todas las pensiones vitalicias.
Otras leyes
Del 12 al 26 de septiembre, la Asamblea se acogerá a un receso legislativo. El presidente, Virgilio Saquicela, convocó a tres sesiones del Pleno para este jueves. En el orden del día constan el primer debate de la Ley contra la Trata de Personas, Gestión de Riesgos; y el segundo debate de la reforma al Código de Finanzas recursos a salud y educación.
Además, se prevé la reconsideración del juicio político en contra de tres vocales de la Judicatura, aunque no existirían los 92 votos que se requieren para la censura y destitución de los funcionarios.
Sesión
Antes de la vacancia legislativa, el Pleno fue convocado a tres sesiones este jueves; se prevé la reconsideración del juicio político a la judicatura y el debate de varios proyectos.
Se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente a expresidentes y exvicepresidentes de la República.
Se eliminan las causales por las que se pierde la pensión vitalicia, así como que no podrán recibir más de una pensión vitalicia.
También se elimina la suspensión de pensión vitalicia cuando la persona beneficiaria haya recibido una sentencia por delitos contra la seguridad del Estado o por corrupción (concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito); así como genocidio, tortura o desaparición forzada.
Beneficio a herederos. En caso de fallecimiento, el beneficio de la pensión vitalicia a favor de los expresidentes y exvicepresidentes de la República pasará al cónyuge o conviviente en unión de hecho.
Se crea un consejo consultivo de expresidentes y exvicepresidentes.
Vía: El Comercio
