Así quedan planteadas las ocho preguntas del referendo
La Corte Constitucional (CC) calificó este 10 de noviembre de 2022 como constitucionales las ocho preguntas que el Ejecutivo envió para su revisión, mismas que buscan un referéndum en el Ecuador.
La CC emitió dos dictamenes: una que contenía un paquete de seis preguntas y otra que contenía dos preguntas relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs).
Las seis preguntas calificadas como constitucionales se refieren a la extradición en delitos relacionados al crimen organizado internacional; la creación de un Consejo Fiscal; la reducción del número de asambleístas; la reducción de movimientos políticos; la inclusión de un subsistema de protección hídrica; y, a la compensación por servicios ambientales.
Las otras dos son sobre la eliminación de la facultad de designación que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la introducción de nuevos mecanismos de designación de autoridades a cargo de la Asamblea Nacional; y respecto a la modificación del mecanismo de designación de las autoridades del mismo organismo.
Sin embargo, en ambas propuestas, la Corte declaró la inconstitucionalidad de frases dentro de considerandos puntuales. Determinó que tales textos podrían afectar la plena libertad de los electores. Pero su eliminación no afectaba la secuencia lógica de la correspondiente propuesta, aseguró la CC.
Así son las preguntas señaladas por la Corte
De esta forma las preguntas quedaron formuladas de la siguiente forma:
1.¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?
2. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?
3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?
4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?
5. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
6. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
7. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?
8. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?
Tres preguntas quedan pendientes
La Corte Constitucional aún debe revisar otras tres preguntas que el Gobierno envió sobre temas de seguridad y empleo. De ser calificadas como constitucionales Guillermo Lasso puede emitir un Decreto para que se convoque a las urnas.
La fecha en la que se realice la consulta popular dependerá de cómo ejecuten los procesos las instituciones que deberán encargarse de aprobar los proyectos, antes de su presentación. En caso de no existir inconvenientes, el CNE podría convocar a las urnas los primeros días de diciembre. Se estima que las preguntas se incluirían en las elecciones seccionales de 2023.
El ministro de Gobierno Francisco Jiménez manifestó que preferiría tener esta consulta popular antes de esos comicios. Pese a ello, aseguró que no cuestionarán si se las añade para esas votaciones.
Fuente: El Comercio
