La mayoría legislativa con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), a la cabeza, cerró filas en contra de la consulta popular que impulsa el Gobierno de Guillermo Lasso. Para el oficialismo esto era previsible.
Saquicela aseguró que esta propuesta “no es la panacea para solucionar los problemas del país”. Sus declaraciones se dieron a menos de dos semanas de los comicios, en los que también se elegirán a los gobiernos locales.
El presidente de la Legislatura cuestionó que una de las preguntas apunte a reducir de 137 a 120 el número de legisladores, con una cuota de 32 legisladores nacionales “en detrimento de las jurisdicciones provinciales”.
Además, Saquicela mencionó que los resultados del último censo nacional significará que se incremente nuevamente el número de legisladores en Ecuador, ya que los representantes son electos en función de la densidad poblacional.
“Yo fui uno de los legisladores que al inicio de este periodo dije que hay que bajar el número de legisladores. Pero hagámosle sin mentirle al pueblo ecuatoriano”, dijo en una rueda de prensa, rodeado por sus aliados.
Los asambleístas del correísmo y Pachakutik también repiten este argumento. En las últimas sesiones del Pleno se han dado pronunciamientos en contra. Incluso las actividades en la Legislatura han bajado de ritmo a menos de una semana de que finalice la campaña.
“Mi provincia de Bolívar se quedaría solamente con un asambleísta”, criticó Mireya Pazmiño, quien declaró “un contundente no” a todas las preguntas. “Es una consulta que solamente está pidiendo el Presidente para poder ganar un poco de credibilidad, pero no soluciona ningún problema”.
La coordinadora encargada de Pachakutik, Patricia Sánchez, ha liderado en por lo menos dos ocasiones pronunciamientos para rechazar a la consulta en el Palacio Legislativo.
Sobre el Cpccs
Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), aseveró que esta organización política ha dejado a decisión de los ciudadanos cada una de las preguntas.
Señaló que el PSC siempre ha defendido la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), cuyas facultades para designar autoridades de control se pretenden trasladar a la Asamblea con la consulta popular.
“Eso (de la eliminación) no se está preguntando en la consulta. Lo que se está preguntando es: ¿Quiere un Consejo de Participación que desde mayo exista pero no haga nada?”, indicó. Según Torres, uno de los problemas es que en la “letra pequeña” de los anexos se pretende prorrogar en funciones a las autoridades actuales.
Para Ana Herrera, del correísmo, esa pregunta “lo que busca es atomizar el poder en el Ejecutivo y restarle las competencias que constitucionalmente tiene el Consejo de Participación”.
Los legisladores de esta bancada rechazan el argumento de que aquellos que no voten a favor estarán del lado del crimen. La consulta incluye dos preguntas relacionadas con la extradición y una mayor autonomía para la Fiscalía.
Posturas divididas
En la Izquierda Democrática (ID), que atraviesa disputas internas, no hay una postura definida. Wilma Andrade, una de sus integrantes, aseguró que las discrepancias giran sobre la reducción del número de legisladores, aunque apoyan las preguntas relacionadas con la extradición de criminales y la supresión de competencias del Cpccs.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en cambio, apoya de frente a la consulta popular. Aseguró que permitirá mejorar la calidad del Parlamento.
Al oficialismo no le preocupa la postura de la mayoría opositora. “Creo que la consulta ha caminado por sí misma, y en este caso, no creo que la afecte. Más bien, era casi predecible que eventualmente se tomaría esta posición en contra de la consulta”, por parte de Saquicela y sus aliados, dijo Nathalie Arias, asambleísta del partido de Gobierno.
Fuente: El Comercio
