El Gobierno de Daniel Noboa denunció “un sucio pacto político” en la Asamblea Nacional luego de que votara en contra de levantar la inmunidad a la Vicepresidenta Verónica Abad, impidiendo así que sea investigada por la Fiscalía en un caso de presunta concusión.

En un comunicado, acusó a las bancadas de PSC (Partido Social Cristiano), RC (Revolución Ciudadana) y Construye de anteponer sus intereses personales y partidarios sobre la justicia y la dignidad del país. “La troncha política queda en evidencia”, cuestionó el Ejecutivo.

La votación, que tuvo lugar durante la sesión Nro. 935 de la Asamblea Nacional, resultó en 75 votos a favor de negar la autorización para el enjuiciamiento penal de Abad. Este resultado ha sido visto como una clara evidencia de lo que el Gobierno describe como un “acuerdo bajo y vergonzoso” entre aquellos que hace poco se consideraban enemigos políticos, pero que ahora han unido fuerzas para protegerse mutuamente de la justicia.

El comunicado oficial del Gobierno subraya que la solicitud de la justicia para levantar la inmunidad a Verónica Abad era clara y motivada, y que solo era cuestión de permitir que los órganos judiciales hicieran su trabajo en una democracia medianamente estable. Sin embargo, la negativa de la Asamblea ha impedido que el proceso continúe adecuadamente, lo que ha sido interpretado como una demostración de la política corrupta y la falta de compromiso con la transparencia y la justicia.

El caso en cuestión, conocido como el “Caso Nene”, implica a la Vicepresidenta Abad y a su hijo, Sebastián Barreiro, en un presunto delito de concusión. La Asamblea había sido convocada específicamente para decidir sobre el levantamiento de la inmunidad de Abad, una medida necesaria para su vinculación formal al caso, que fue rechazada por la mayoría en el Legislativo.

En semanas recientes, las acciones de las bancadas de PSC, RC y Construye han sido objeto de críticas por parte del Gobierno, que las acusa de bloquear iniciativas legislativas y de intentar limitar los poderes del presidente.

Este “pacto” se ha evidenciado en la oposición a proyectos de ley promovidos por la bancada oficialista y en la modificación de un veto parcial que limita la capacidad del presidente para legislar. Además, “sin ningún motivo, pretenden implantar juicios políticos contra varios integrantes del gabinete del presidente Noboa”.

Por último, el Gobierno advierte que “ningún funcionario está por encima de la ley y la justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad y está relacionada con el caso que se le imputa a su hijo”.

El grado de distanciamiento entre Daniel Noboa y Abad ha llegado a tal extremo que el mandatario, aparentemente, intentaría no encargar la primera magistratura del Estado a su vicepresidenta.

Abad ha acusado a Noboa de estar al frente de un presunto hostigamiento en su contra para forzarla a renunciar y evitar que sea ella quien deba asumir temporalmente la Presidencia cuando busque él la reelección, de cara a los comicios generales de febrero del próximo año.

Fuente: Vistazo

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