El prefecto electo del Azuay, Yaku Pérez, junto a los alcaldes de Oña, Santa Isabel, Chordeleg, Gualaceo, San Fernando, entre otros, ofreció una rueda de prensa este jueves 9 de mayo de 2019 para manifestar su preocupación sobre la situación financiera en la que recibirá la institución.

“Debo informar con mucha tristeza lo que está pasando con las finanzas no de la Prefectura sino de los 800.000 azuayos (…) Habíamos indicado que al estar destrozada la vialidad  y los canales de riego abandonados, íbamos a destinar 50 millones de dólares al mejoramiento de las vías en capa asfáltica que corresponde a la Prefectura por las acciones que la Ley del sector eléctrico obligó a vender al Estado en enero de 2015″.

Pérez refirió que el exprefecto Paúl Carrasco solicitó a la Centro Sur el 19 de noviembre de 2018 el pago del capital de las acciones por un valor de 10 millones y que en diciembre del mismo año se le entregó esta cantidad a la Prefectura. “La pregunta es qué se hizo con esos 10 millones”, sostuvo Pérez.

Según Pérez, el tema no queda ahí, dado que el 22 de abril de 2019 el prefecto Bolívar Saquipay solicitó el pago de 17.200.000 dólares con fecha 8 del presente mes y la Junta de accionistas de la Empresa Eléctrica Centro Sur resolvió entregar esta cantidad, sumando así un total de 27. 200.000 dólares.

De acuerdo a la denuncia, desde ayer miércoles la Prefectura estaría “emitiendo cheques por doquier a proveedores”.

La deuda institucional con corte al 30 de abril de 2018 alcanza los 24 millones de dólares según lo explicado en la transición, pero en la realidad llega a 37 millones. Consecuentemente, descontando los 17 millones recibidos de las eléctricas aún quedaría una deuda de 20 millones de dólares sin contar las deudas de GPA Tour, Lactjubones, Asfaltar y Agroazuay.

Este Diario intentó en varias ocasiones obtener la versión de la Prefectura del Azuay al respecto, pero no hubo respuesta alguna.

Pérez dijo que ha alertado de esto al contralor Pablo Celi y le ha solicitado una auditoría integral del período 2014-2019 y de las empresas del GAD Provincial.

Fuente: El Mercurio

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