El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, insiste en el pedido de consulta popular para impedir las actividades mineras a gran escala en la provincia. A las 10:00 de este martes 7 de enero del 2020, presentará un anexo a la pregunta anterior y una nueva en la Corte Constitucional.

Este lunes 6 de enero, Pérez, acompañado de dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA), juntas de regantes, alcaldes, vocales de juntas parroquiales y defensores del agua, habló sobre este tema.

La nueva pregunta se hizo como una respuesta al dictamen emitido el 17 de septiembre del 2019 por la Corte Constitucional que negó la demanda por considerar que la pregunta era induciva y que no tomaba en cuenta la temporalidad de las concesiones existentes.

Esa pregunta decía: ¿Está de acuerdo con la prohibición, sin excepción de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles de la provincia de Azuay?, con las opciones sí o no.

Esta pregunta se mantendrá y se agregará la prohibición también para la minería artesanal, pequeña y de mediana escala. La nueva pregunta dice: ¿Está usted de acuerdo que se cancele las concesiones de minería metálica que afecten las fuentes de agua, otorgadas con anterioridad a la consulta popular?, sí o no.

Pérez dijo que incorporaron un nuevo tema para dar respuesta a las objeciones de la Corte Constitucional . “Estamos comprometidos con el agua y la vida, y pedimos ser escuchados. El pueblo debe decidir si quiere minería o no en sus territorios”.

Ernesto Guevara, alcalde de Santa Isabel, puso como ejemplo que en su cantón más del 65% del territorio está concesionado a la minería. “Vamos a defender el recurso hídrico de nuestra provincia para las presentes y futuras generaciones”.

Patricia Mogrovejo, dirigente de la FOA, dijo que quieren sentar precedente como lo hicieron con el vecino cantón de Girón, donde se dio paso a la consulta y los electores votaron en contra de la minería metálica en sus territorio.

Para Rosa Moscoso, del sistema de riego Cerro Negro-Churuco que abarca 16 comunidades de los cantones Sígsig y Gualaceo, es necesario activar la defensa del agua para no ser cómplices o encubridores por acción u omisión. “No permitiremos que la minería destruya el derecho que tenemos de consumir agua libre de contaminación”.
Fuente: El Comercio

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Notigirón, emisión 6 de enero de 2020

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