Contraloría determinó que fondo asignado a damnificados del terremoto se usó en otros rubros
Hallazgo de kits de ayuda embodegados, donaciones caducadas o gastos no justificados son algunas de las novedades que encontró la Contraloría en siete entidades estatales, durante una parte de la emergencia tras el terremoto del 2016.
El informe examinó el uso de USD 45,59 millones que transfirió el Ministerio de Finanzas a otras seis carteras de Estado, entre el 16 de abril y el 21 de julio del 2016.
La suma más alta no justificada es USD 6,3 millones que destinó el Ministerio de Defensa a las Fuerzas Armadas. Ese dinero provino de un Préstamo Contingente del Banco de Desarrollo Interamericano (BID), que se hizo efectivo tras el sismo.
Se trata del préstamo EC – X1014 de hasta USD 300 millones que el BID firmó con el Gobierno en el 2012 para gastos ante desastres naturales. Según el BID, para la emergencia se entregaron USD 160 millones. En el contrato de ese préstamo se especificaron los fines para los que no deben utilizarse estos fondos. Precisamente a una de estas cláusulas, la 2.07, se refiere la Contraloría.
Según este documento, no podían hacerse gastos “en bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior a USD 10 000 (…)” o “gastos en bienes para uso de las Fuerzas Armadas”. No obstante, las FF.AA. hicieron siete transferencias por un total de USD 6,2 millones para adquisición de bienes como lubricantes y mantenimiento de vehículos, equipo de búsqueda y rescate, raciones alimenticias de combate, entre otros. Esos gastos, según los auditores, no debieron hacerse con el dinero del BID.
Ante estas novedades, el Viceministro de Defensa respondió a la Contraloría, a través de un oficio remitido el 25 de julio del 2016, que esta entidad solicitó a Finanzas que esclarezca el procedimiento para usar estos recursos, pero esa entidad no respondió.
Por su parte, Finanzas justificó el uso de ese dinero ante la Contraloría amparándose en un instructivo creado para que cada ministerio sepa cómo administrar los recursos del préstamo. Pero, según la Contraloría, ese documento fue publicado en el portal institucional sin firma de responsabilidad ni fecha de vigencia y contradecía las cláusulas del contrato.
Según el BID, este informe no ha sido puesto en su conocimiento, por lo que le señaló a este Diario (El Comercio) que no se pronunciará al respecto. También contrató una auditoría para analizar los gastos de esta operación financiera.
En el informe de Contraloría, de 64 páginas, se recogen otras 12 observaciones a los ministerios Coordinador de Seguridad, Salud Pública, Inclusión Económica y Social, del Interior y a la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Otra observación se refiere al Fondo Rotativo de USD 300 000. De este monto –señala el informe- apenas se justificaron USD 4 921 para la compra de portadocumentos, flash memories, 100 vasos plásticos y ‘snacks’ como Manichos, Stevia, Pringles… El Viceministro de Defensa argumentó a los auditores que el dinero de ese fondo serviría “como un mecanismo de solución de imprevistos por la situación de emergencia”.
Este Diario pidió detalles sobre estas observaciones al Ministerio de Defensa, acogiéndose a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Dirección de Comunicación respondió que se entregó (a la Contraloría) “la documentación requerida en los plazos determinados por la Ley, tal como se menciona en el informe”.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que administró la ayuda a los damnificados del 16 al 21 de abril del 2016, también aparece en el informe. La primera observación es por no haber registrado en actas las donaciones para los afectados.
A esta entidad también se le responsabiliza por la compra de kits de alimentos e insumos por USD 7,7 millones, a través de 15 contratos. Las autoridades del MIES no pudieron justificar ante la Contraloría la existencia de estas ayudas ni su distribución.
Bajo responsabilidad de esa entidad también se hallaron 72 176 kits de alimentos embodegados tres meses después de la tragedia y kits, próximos a caducar, en espacios inadecuados.
Este Ministerio respondió a una solicitud de información de este Diario argumentando que “las competencias en materia de riesgos y atención por desastres naturales pasaron a la Secretaría Nacional de Riesgos”. Agregó que le corresponderá a esa entidad tener en cuenta las recomendaciones de la Contraloría.
Así como a esta entidad, este Diario solicitó información a los ministerios Coordinador de Seguridad, de Salud Pública, Finanzas y del Interior. El primero respondió que los documentos que respaldan su labor fueron entregados a la Contraloría. Y las carteras de Salud y Finanzas solicitaron que se realice un nuevo pedido de información sobre los datos que les compete y que señala Contraloría.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio del Interior no respondió el pedido de información.
FUENTE: EL COMERCIO
