Dos asambleas se cumplieron ayer en Cuenca donde se analizaron los proyectos mineros que se ejecutan en este cantón. La una estuvo dirigida por grupos antimineros y la otra por sectores que están a favor de la minería.

Una de estas, denominada como Parlamento Popular Provincial Sectorial de Agua y Ambiente fue convocada por la Cámara Provincial del Azuay y consta como una resolución de su sesión del 6 de septiembre.

Estuvo presidida por Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, quien sostuvo que es necesario “explicarle a la ciudadanía que el gran discurso de que necesitamos la minería para tener plata no es cierto…”, señaló.

Y agregó: “lo que necesitamos es un gobierno que no despilfarre, que no se lleve en corrupción, he venido viendo ahora aeropuertos que no sirven, como el aeropuerto de Santa Rosa, hay obras paradas…”, dijo.

A esta cita asistieron representantes de algunos sistemas de agua de esta jurisdicción y concejales como Dora Ordóñez e Iván Granda, además alcaldes, y delegados de colectivos defensores del agua.

En esta cita se tomaron 16 resoluciones entre estas dar por conocida la Estrategia Azuaya para la Mitigación, Adaptación y Reversión del Cambio Climático, y recomendar su socialización.

Resoluciones

Además: aprobar la propuesta de resolución en la que se declara a los páramos y fuentes de agua de toda la provincia de Azuay como zonas libres de minería metálica.

Asimismo: solicitar a Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, para que en uso de su competencia constitucional, de control y uso de ocupación del suelo en el cantón, se trate el tema minero en sesión del Concejo Cantonal.

También se resolvió exigir a las universidades de Cuenca su pronunciamiento respeto a los proyectos mineros de Río Blanco y Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha.

Igualmente respaldar el trabajo organizado y responsable de la minería en el cantón Ponce Enríquez, y que se retome las gestiones para la implementación del parque industrial minero en esta jurisdicción cantonal.

Promineros

Mitos y Verdades sobre la Minería se denominó una segunda asamblea que en cambio fue convocada por comuneros que residen en la zona de influencia de las consesiones mineras. Tuvo el respaldo del oficialismo.

Asistieron para responder algunas consultas de los participantes: Galo Armas, viceministro de Minería; Esteban Torrachi, coordinador zonal 6 del Ministerio del Ambiente (MAE), en Azuay; Esteban León, titular de la Secretaría Nacional del Agua en esta provincia y Byron Pinos, gerente de proyectos en Azuay de Ecuador Estratégico. (CSM)-(I)

Resoluciones

Luego del encuentro Mitos y Verdades sobre la Minería, que cumplió ayer en Cuenca, y al que asistieron autoridades del Gobierno Nacional, se difundió un documento con una resolución final.

Los asistentes, entre los que estuvieron trabajadores de los proyectos mineros en la provincia de Azuay, resolvieron la conformación de una Mesa de Participación Ciudadana, Minería Responsable y Agua.

Según esta resolución, a esta instancia le corresponderá hacer un seguimiento del desarrollo de una minería responsable con un debido cuidado del agua y velando por la generación de oportunidades.

En este encuentro además se entregó un manifiesto con nueve puntos en los que se hace referencia a las intervenciones mineras que se ejecutan en la jurisdicción azuaya y sus implicaciones para el beneficio de las poblaciones cercanas.

Más detalles

Río Blanco, según el Gobierno Nacional, es uno de los cinco proyectos de minería definidos como estratégicos, lo que quiere decir que está considerado por el Estado como de interés nacional.

El Instituto Público Francés de Estudios del Suelo y Agua (BRGM) recomendó en 2013 que se identifique la presencia de aguas subterráneas en los proyectosc mineros Río Blanco y Loma Larga.

Unas 605.000 onzas de oro se estima que se extraerán en el proyecto Río Blanco, que está entre las parroquias de Chaucha y Molleturo. Además se obtendrán 4,3 millones de onzas de plata.

En 2012, el Concejo Cantonal solicitó al Municipio de Cuenca la contratación de estudios independientes para analizar una posible contaminación en las áreas donde se ejecutan intervenciones mineras.

Fuente: El Mercurio

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