Asambleísta Mariano Curicama fue sentenciado a dos meses de prisión por cobros de diezmos en Chimborazo
La Fiscalía demostró que los hechos se registraron desde el 2011 hasta el 2019, perjudicando a 300 trabajadores y empleados del GAD provincial
La Fiscalía demostró que los hechos se registraron desde el 2011 hasta el 2019, perjudicando a 300 trabajadores y empleados del GAD provincial
La Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, este 7 de julio, declaró culpable al exprefecto y actual asambleísta por esa provincia, Mariano Curicama, del movimiento Minga, y lo sentenció a dos meses de prisión por el delito de concusión.
Curicama, actualmente legislador y miembro de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), preside la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.
Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, también se declaró culpable a la exviceprefecta Tránsito Lluco y a la extesorera de la Prefectura Ana Castro. Fueron sentenciados a tres años de prisión, pero se aplicó el principio de favorabilidad y se les redujo la pena a dos meses. La sentencia es de primera instancia y restan algunos recursos para confirmar su culpabilidad o inocencia.
Asambleísta oficialista Mariano Curicama es procesado por cobro de diezmos en Chimborazo
En la audiencia de juicio, la fiscal provincial, Mayra Moreno, presentó pruebas que demostraron descuentos ilegítimos en los salarios de los trabajadores del gobierno provincial durante la administración de Mariano Curicama.
Entre las pruebas, la Fiscalía presentó peritajes informáticos, informes de Contraloría, versiones y la recuperación de documentación del gobierno provincial, como informes de indicios de responsabilidad penal en contra de los sentenciados.
#ATENCIÓN | #Chimborazo: Exprefecto y actual asambleísta, y exviceprefecta de Chimborazo fueron sentenciados por su responsabilidad en el delito de concusión. Los hechos ocurrieron desde 2011. #FiscalíaContraElDelito
Detalles ⬇️https://t.co/QrCe4kGeL5 pic.twitter.com/uhjpDxS4uZ— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 7, 2021
Según la Fiscalía, los hechos se registraron desde el 2011 hasta el 2019, perjudicando a 300 trabajadores y empleados del GAD provincial. El descuento de fondos se habría producido para una presunta obra social; sin embargo, no se justificó la utilización de esos recursos. (I)
Fuente: El Universo
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