Corte Constitucional niega nuevamente pedido de consulta de Yaku Pérez
Por segunda vez consecutiva, las preguntas planteadas por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, para la realización de una consulta minera en el Azuay, no pasaron el control constitucional. La tarde de hoy, viernes 21 de febrero del 2020, el Pleno negó y archivó ese pedido.
En el dictamen de la CC se establece que “la consulta popular presentada por Yaku Pérez Guartambel, a nombre propio, no cumple con los parámetros de control formal y material previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales”.
Respecto de la primera pregunta, sobre la ampliación de las zonas en las que se prohibiría las actividades mineras, la CC señaló que “el planteamiento en una sola pregunta, tanto de zonas ecológicas diversas como de todas las escalas de la minería, hace que la misma sea compuesta y atentatoria de la claridad y lealtad exigidas por la ley. Así es que no provee al ciudadano de la libertad necesaria para elegir”.
Sobre la segunda pregunta, que tiene que ver con la cancelación de las concesiones mineras en Azuay, la Corte Constitucional estableció que “plantear una consulta respecto de la cancelación automática de concesiones previamente otorgadas, comporta un efecto retroactivo que, al ser indeterminado, afecta el derecho constitucional de la seguridad jurídica”.
Yaku Pérez presentó este pedido el 7 de enero pasado. Esto ocurrió después de que en septiembre del 2019, la Corte negara su primera solicitud por considerar que la pregunta planteada “no garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con un apego constitucional”.
#ATENCIÓN | La Corte Constitucional acaba de negar la consulta popular sobre minería en Azuay, impulsada por el prefecto Yaku Pérez
Vía: @jimbaquingo pic.twitter.com/oq0HvZkrQv
— El Comercio (@elcomerciocom) February 21, 2020
El Ministerio de Energía y Recursos No renovables se pronunció sobre la decisión de la CC respecto a la negativa de una consulta popular antiminera en Azuay. Esa cartera de Estado, mediante un comunicado de prensa señaló “que reafirma su postura garantista de derechos y recalca que como institución pública, respeta las decisiones y parámetros legales de las entidades judiciales y constitucionales que, en su ejercicio, trabajan por los intereses nacionales”.
El comunicado también señala que el Gobierno mantiene su compromiso de promover una “minería responsable, normada y controlada en todo el país”.
Fuente: El Comercio
