Los gobiernos de Argentina y El Salvador firman ‘acuerdo histórico’para el combate al crimen organizado.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, firmaron una declaración conjunta para el «compromiso y la cooperación» entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado, según informaron este martes fuentes oficiales.
«La nueva doctrina contra el crimen organizado», como se titula el texto de ocho principios, se firmó en el marco de la visita que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, efectúa en Argentina.
Bullrich celebró este 2 de octubre de 2024 en su cuenta de X el «acuerdo histórico» con El Salvador que «refleja un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo» y afirmó que «esta nueva doctrina revolucionaria» se basa en «varios principios fundamentales», entre los cuales indicó que están «del lado de las víctimas, nunca de los victimarios» y por eso combaten a los criminales «con toda la fuerza del Estado»
Los principios del acuerdo
El primer principio postula la «política criminal orientada al control territorial como eje de soberanía» e indica que el Estado «no debe renunciar al control absoluto de su territorio ante la amenaza del crimen organizado».
El segundo principio habla de la «lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero«, por el que se comprometieron a «coordinar acciones en común, intercambiar información y a establecer mecanismos estables de financiamiento de los sistemas de seguridad».
El tercer principio es «dignificar el rol policial», al declarar el «firme respaldo» al personal policial y de seguridad pública y apoyar la «implementación de estrategias conjuntas y el intercambio de conocimientos» y promover «programas de intercambio de oficiales y expertos de personal» entre ambos países. EFE
Reformas a los códigos penales
Respecto del «marco normativo», el cuarto principio, sostuvieron la «necesidad de presentar reformas a los Códigos Penales con nuevas figuras y penas más altas«, entre las que enumeran «el régimen penal juvenil y modificar al régimen de reincidencia», «ampliar las acciones de los institutos de la legítima defensa y del cumplimiento del deber y evitar la revictimización de hechos delictivos».
El quinto principio es el «control del Estado en las cárceles«, con la «clara identificación y clasificación de la población carcelaria», con «medidas de control específicas a la población carcelaria de alto riesgo», «controles permanentes al interior de las cárceles» y el «fin de las comunicaciones libres y sin control» dentro de los penales.
Fuente: La Hora
