289 boletas de apremio por juicios de alimentos han sido giradas desde marzo en la provincia
Mariela (nombre ficticio) inició hace varios años un juicio para que el padre de su hijo pague una pensión alimenticia pero la cancelación nunca fue constante y ella no impulsó la causa pues quería evitar los trámites judiciales.
Su situación económica empeoró con motivo de la pandemia por COVID-19 y ahora exige el pago de $3.000.00 acumulados. “Mi hijo tuvo problemas para ingresar a la Universidad y el padre le ha planteado la suspensión de la pensión, si eso ocurre como podrá educarse, la ley lo protege en este caso hasta que tenga 21 años; además tiene una importante deuda por pensiones atrasadas”, dijo.
Este caso es recurrente según dijo la Abg. Lissette Matamoros, quien atiende asuntos de familia, ella comentó que muchas madres han reactivado los juicios de alimentos que por meses e inclusive años estaban estancados. Por otro lado, entre los padres también hay preocupación pues ya no cuentan con un ingreso fijo sea por despido o por disminución de ventas en sus negocios y buscan una salida legal en la petición de rebaja de pensión.
Gustavo (nombre ficticio) trabajaba como asistente contable con un sueldo de $900.00 y pagaba una pensión de $ 445.00 a sus dos hijos mayores de tres años. Debido la crisis económica fue desvinculado de su trabajo y ahora no tiene recursos para cancelar la pensión por lo que solicitó la reducción de la pensión, pese a seguir desempleado deberá cancelar con base a un sueldo mínimo pues eso estipula la Ley.
“Ya no tengo un ingreso fijo, no cuento con seguro social y como prueba de lo que digo he adjuntado mi acta de finiquito y aviso de salida del IESS. En estas circunstancias es imposible para mi continuar con el pago de los $ 445.00 que he pagado desde 2018”, comentó.
La rebaja de pensión se aplica previo trámite judicial cuando cambia la situación del alimentante sea porque se quedó desempleado, porque sus ingresos económicos disminuyeron de tal manera que no puede cancelar la cantidad acordada o debido a que tiene más personas a las que alimentar.
Los obligados a pagar deben registrar su pago en el Sistema Único de Pensiones (SUPA) que no admite pagos parciales y calcula de manera automática el incremento anual por porcentaje de inflación así como los intereses por mora.
ESTADÍSTICA
En Ecuador, son 755.244 los ciudadanos que tienen obligaciones por pago de pensiones alimenticias y 954.965 alimentarios (niños, niñas y adolescentes), según cifras del Consejo de la Judicatura, con corte a abril del 2020.
En cuanto a la provincia, se conoció que de enero a junio del presente año se han emitido 1104 boletas de apremio por incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. La cifra representa el 55.82% de las 2499 órdenes giradas en el mismo periodo de 2019.
Según datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura, en enero del presente año se emitieron 446 boletas; en febrero fueron 369 mientras que para marzo descendió notablemente pues se giraron 154 órdenes debido a que el 17 de marzo ya se decretó el estado de excepción y se suspendió la jornada presencial de trabajo en las entidades públicas.
Justamente por la situación del país y la suspensión de algunos servicios en abril no hay boletas de apremio emitidas mientras que en mayo fueron apenas 4 lo que concuerda con la reapertura gradual de atención. En junio, son 131 las boletas giradas debido al incumplimiento de obligaciones de los alimentantes y se espera que la cifra aumente en los próximos meses.
CAUSAS RESUELTAS
Respecto a las causas por alimentos resueltas el presente año, el acumulado es de 502 entre enero y junio mientras que en el mismo lapso del año 2019 se llegó a 1093 causas.
En enero hubo resolución para 179 causas, en febrero fueron 174 mientras que en marzo llegaron a 67. En abril no hay resoluciones en juicios por alimentos y en mayo se obtuvo 11 resoluciones. Cabe indicar que los jueces, en gran medida, se ha reintegrado a sus despachos o laboran mediante la modalidad de teletrabajo. El 8 de junio se reabrió la atención al usuario externo en la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Fuente: Diario Correo
