Lenín Moreno ha advertido que está cansado de la situación de violencia y que, por lo tanto, ha llegado el momento de actuar con más fuerza y contundencia contra la delincuencia, para cuyo efecto ha ordenado la intervención de las Fuerzas Armadas con el objetivo de realizar un trabajo conjunto con la Policía en los operativos y estrategias contra el crimen. En ese sentido debe señalarse que el papel de las Fuerzas Armadas como “proveedoras” de seguridad ciudadana frente a la delincuencia no es nuevo y ha sido, desde hace mucho tiempo, objeto de varios debates con razones y argumentos que en algunos casos defienden la intervención militar, pero que en otros cuestionan seriamente la eficacia real de dicha intervención en la lucha contra la delincuencia.
Una de las críticas de mayor fundamento tiene relación con la idea de que la intervención de las Fuerzas Armadas ofrece una solución coyuntural, alejada de un proceso efectivo en la lucha contra la delincuencia, el cual demanda y requiere una visión mucho más integral que permita analizar no solo las causas primarias del incremento del crimen, sino también la responsabilidad propia del Estado y de las funciones que lo integran, refiriéndome específicamente a la afrenta judicial que sugiere el proceder mañoso de ciertos jueces y magistrados, como el recientemente conocido de la jueza que de forma ligera dispuso medidas sustitutivas a personas que pocas horas más tarde volvieron a delinquir. En la práctica, cualquier desafío planteado respecto al combate a la delincuencia terminará siendo un gran fiasco si se apela exclusivamente a los militares como factor privilegiado en el referido combate.
En ese contexto y si bien las realidades criminales son distintas en cada país, en ocasiones resulta interesante analizar la metodología utilizada en otras partes en el combate contra la delincuencia, refiriéndome en este caso específicamente a las estrategias que está empleando Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en su difícil tarea de enfrentar al crimen en un país que cuenta con una de las mayores tasas de homicidios en el mundo, a lo que se suma el problema de las pandillas, las maras, que han afectado inclusive la propia estabilidad democrática de El Salvador. Ahora bien, uno de los ejes en que se basa el plan hasta ahora exitoso de Bukele tiene que ver con un asunto aparentemente más simple pero de gran importancia, como es el de cortar la comunicación en las cárceles; el presidente salvadoreño ha sostenido que en su país, el 80% de las órdenes de homicidios, extorsiones y otros delitos sale de las propias cárceles, por lo que resulta imprescindible “descabezar” la comunicación en las cárceles y centros penitenciarios.
Dicho objetivo, el control absoluto de la comunicación vía teléfono celular en las cárceles, debería ser más simple que mover parte del aparato militar a las calles, sin embargo aquí parecería que se trata de un asunto de seguridad muy difícil de controlar. No tengo idea de los costos de un bloqueo tecnológico eficiente y la decisión que tenga el régimen de implementarlo, pero al menos en otras partes es una solución inmediata y eficiente con resultados prácticos en un corto lapso. Si el presidente dice estar cansado en el tema delincuencial, que se imagine cómo se siente la ciudadanía. (O)
Fuente: El Universo
