Caso Sobornos: Empieza la ejecución de la pena y se pide detener a los sentenciados
Una vez el Tribunal de origen, de primera instancia o de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016 asumió nuevamente la causa en la que se juzgó el delito de cohecho pasivo agravado, la tarde de este miércoles empezó a ejecutar la sentencia y una de las primeras medidas que adoptó fue disponer que en el transcurso de este día se cursen los oficios correspondientes a la Comandancia de la Policía y a la Policía Judicial para que inmediatamente se proceda a la localización y captura de 18 de los 20 sentenciados a ocho años de cárcel.
Con la negativa del Tribunal de Casación a los recursos de ampliación y aclaración a la sentencia emitida el 7 de septiembre pasado quedaron en firme las 20 sentencias emitidas en primera instancia.
Con la orden de localización y captura se busca detener inmediatamente a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, quien ya se encuentra cumpliendo una pena de seis años por el delito de asociación ilícita Odebrecht en la Cárcel de Cotopaxi. Ambos fueron sentenciados a ocho años de prisión en calidad de autores mediatos por instigación.
En el caso de los sentenciados Correa y Gas, refiere la providencia emitida la tarde de este miércoles, “por sus anteriores calidades de expresidente y exvicepresidente de la República dichas personas perciben pensiones vitalicias, y por esta razón de hallarse ejecutoriada la sentencia condenatoria en su contra, se dispone que por Secretaría -en el transcurso de este día- se oficie al Ministerio de Finanzas a fin de que de manera inmediata se deje de pagar tales pensiones.
También se emite la orden de buscar y detener a los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; para la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri a quienes se les sentenció como coautores a ocho años de cárcel. Una vez detenidos se emitirán las boletas constitucionales de encarcelamiento.
La orden también alcanza al exsecretario Jurídico, Alexis Mera, quien recibió una pena de ocho años como coautor y se encuentra con arresto domiciliario en su vivienda en Guayaquil como medida cautelar. El Tribunal ordenó que a él se lo traslade de forma inmediata hasta el Centro de Rehabilitación Social Regional de Cotopaxi, en Latacunga, y para ello no solo pidió se extiendan comunicados a la Policía, sino también al Ministerio de Gobierno y al Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (Snai).
Una vez está en firme la sentencia el Tribunal pide se ubique y detenga a los diez empresarios a quienes se les encontró culpables en calidad de autores directos del cohecho agravado.
Sobre la asambleísta Viviana Bonilla, el Tribunal pide se oficie a la Asamblea Nacional para “que de manera inmediata se tome nota de la situación jurídica” y el Legislativo tome las acciones pertinentes acorde a su normativa interna.
En lo que respecta a los temas relacionados con la reparación integral, de conformidad con lo determinado en la sentencia, se ratifica el pago de $ 14.7 millones que en calidad de reparación integral. El pago deberá ser de forma proporcional: los autores por instigación, coautores y autores directos pagarán el valor de $ 778.224,017; mientras que los cómplices $ 368.632,43, es decir, la exasistente Laura Terán y también se incluye en este rubro al empresario Albert Hidalgo.
Los pagos para la reparación integral deberán concretarse dentro de los 30 días posteriores a la ejecutoría del proceso y para dicho efecto se dispuso a la Procuraduría General del Estado, como acusación particular en representación de la víctima (Estado ecuatoriano), que en el término de 24 horas proporcione a este Tribunal el número de cuenta en que se deberá hacer los depósitos.
En el documento no se refiere a una orden de localización y captura para las cooperadoras eficaces a quienes la justicia les definió una reducción en la pena: la exasesora de Presidencia, Pamela Martínez, y la exasistente Laura Terán. La primera recibió una pena final de nueve meses de cárcel como coautora, mientras que Terán fue sancionada con tres meses de cárcel como cómplice, pena que ya cumplió pues permaneció en la cárcel seis meses con orden de prisión preventiva.
Para garantizar el cumplimiento de la medida de restitución se determinó el comiso de los bienes inmuebles de los sentenciados antes indicados. Para ello el Tribunal presidido por el juez Iván León dispuso que la Secretaria de Sala, oficie a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de todos los cantones del país, con el cometido de que se tome nota al respecto. (I)
Fuente: El Universo
