El 2008 fue un año singular. Una nueva Constitución empezaba a regir, con un discurso de derechos y garantías para los ciudadanos. La economía del país crecía en 6,6 por ciento. Pero también en2008 empezó la debacle.
A partir de ese año, y hasta 2013, casi nueve mil personas fueron enroladas en el instituto de la seguridad social. Parte de ese capital humano alimentó un movimiento político, AVANZA, que arrasó en las elecciones seccionales, algunos años después.
“Recogimos 520 mil firmas; eran necesarias 157 mil. Lo constituimos y vamos a correr con Alianza PAÍS. Vamos a la reelección con el Presidente, pero con nuestras listas propias de asambleístas en cada una de las provincias”, declaraba un orgulloso Ramiro González, a mediados de 2012, meses antes de que en Ecuador se realizaran elecciones generales.
En ellas Correa fue reelecto para un nuevo mandato, que terminó en 2017. González fue la cabeza del Consejo Directivo del IESS, entre 2008 y 2013. Está radicado en Perú. La justicia ecuatoriana ha fallado en su intento por traerlo de regreso, porque el trámite de extradición tuvo errores y el convenio con ese país no acepta un segundo intento. En ausencia, ha intentado recibir los recursos de su jubilación.
Vistazo accedió a documentos que revelan cómo la entidad que dirige la seguridad social se convirtió en un espacio clientelar, con un manejo discrecional de cargos y puestos.
Todo indica que la práctica se acentuó a partir de la gestión de la Revolución Ciudadana. En 2007, había unos 10 mil servidores. Hacia el final de la era González, en 2013, el número se había duplicado.
Fernando Cordero, en su breve paso entre 2013 y 2014, redujo unos mil puestos en el IESS. Un número similar al de médicos cubanos, cuya llegada anunció su administración para colaborar en el sistema. Como argumento, mencionó que, en el pasado, en el IESS se atendían 1,2 millones de personas en un año.
Con la Revolución Ciudadana, esa cifra pasó a ser el número de atenciones médicas en un solo mes. La demanda de servicios médicos en la seguridad social se había multiplicado por 12.
La explicación es una sola: sin estudios técnicos de por medio, con fines claramente clientelares y electorales, el fondo de salud empezó a atender a los hijos de los afiliados, menores de 18 años. Esto saturó el sistema, porque se requirió un mayor contingente de médicos, infraestructura e insumos. Este fue un golpe mortal a la seguridad social.
Desde 2013 hasta 2018, el IESS tuvo cinco administraciones distintas, que atravesaron dos gobiernos. En ese período, los servidores de la seguridad social aumentaron en 17.700 y fueron enrolados bajo la modalidad de servicios ocasionales. De ese grupo, 4.073 plazas no fueron aprobadas por el Consejo Directivo, máximo órgano rector de la entidad.
HOSPITALES EN CAMPAÑA
La era de Richard Espinosa se extendió desde marzo de 2015 a diciembre de 2017. Se dedicó a construir centros hospitalarios. En ese período inauguró siete en todo el país.
Aunque el Hospital Quito Sur fue un proyecto del Corcho Cordero, ya que arrancó en 2014. Se edificó en un tiempo récord.
La ambición política de Espinosa habría sido llegar a la Alcaldía de Quito, en las seccionales de 2019. Para financiar las construcciones no dudó en quitar recursos al fondo de pensiones y llevarlos al fondo de salud.
Al final, los perjudicó a ambos, cuando la estructura de aportes se revirtió al esquema original. “En esta gran obra laborarán 1.851 profesionales, de la salud en su mayoría, y de estos, 248 serán especialistas, para atenderlos con cariño”, decía Espinosa en uno de los recorridos para constatar el avance de obra.
Más de 200 millones de dólares se invirtieron en el Hospital Quito Sur. Cierto, en la crisis de la pandemia por el COVID-19 respondió con atención a los enfermos. Pero su gestión de recursos humanos no estuvo exenta de problemas al inicio de sus operaciones.
Más de 320 servidores ingresaron al IESS, a partir de octubre de 2016, a la oficina matriz, al Hospital Carlos Andrade Marín y al Hospital Quito Sur. Sus expedientes no contenían la documentación completa. Entre los requisitos faltantes constaba el permiso del Ministerio del Trabajo para quienes tienen nacionalidad extranjera, según una auditoría que realizó la Contraloría y a la que accedió Vistazo.
Todo indica que el centro empezó a laborar sin la infraestructura adecuada para el manejo de los recursos humanos. La obra fue terminada en octubre de 2017 y entregada oficialmente a Quito el 5 de diciembre de ese año, esto es, en plenas fiestas por el aniversario de fundación de la Capital.
Una enfermera que colaboró por un breve lapso alertaba que le siguieron pagando y pedía devolver los recursos. En éste y otro centro hospitalario en Quito se detectaron 52 servidores desvinculados, cuya salida no se registró oportunamente en el sistema de personal.
Un asistente administrativo, consultado sobre la razón de los problemas, afirmó en el curso de esa auditoría que “los responsables de Talento Humano del hospital no realizaron asignación específica de actividades; el proceso de ingreso a nómina sin contratos suscritos es y ha sido el flujo habitual en los procesos de contratación de las unidades médicas a nivel nacional”.
No fueron casos aislados. Varias entidades adscritas al sistema de la seguridad social siguieron pagando sueldos luego de que las personas renunciaran a sus puestos de trabajo.
COBRAR SUELDOS LUEGO DE RENUNCIAR
Un informe de Contraloría, al que accedió Vistazo, detalla cómo a 18 exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carboles pagaron sueldos, bonos de transporte y fondos de reserva, tiempo después de su desvinculación.
Todo obedece a una cadena de errores. El documento analiza novedades entre 2014 y 2019. De 44 enrolados en el nivel jerárquico superior, siete no cumplían con la instrucción formal requerida.
Además, 14 personas fueron incorporadas a la planilla mediante contratos de servicios ocasionales para cargos que requerían un título universitario, sin acreditar que lo tenían.
Otros 69 expedientes muestran que firmaron su incorporación a pesar de no tener los documentos en regla. Veintiséis de ellos incluían certificados de no tener impedimento para trabajar en el sector público, sin embargo, estaban caducados.
Además, del total de servidores extranjeros contratados, 22 no tenían la autorización del Ministerio del Trabajo, requisito indispensable para la legalización de su contrato.
Finalmente, en otras 170 carpetas se detectaron problemas, ya que no cumplieron los requisitos ni el perfil para la posición para la cual fueron contratados. La situación fue generalizada, en la institución, al menos hasta 2018.
Otra auditoría reveló que 54 asesores de la planta central no fueron enrolados con la documentación completa y oportuna. En cinco de los casos, no se acercaban al perfil idóneo.
Entre 2016 y 2018, varios funcionarios que ocuparon cargos de jerarquía superior estaban inhabilitados. Un ingeniero eléctrico fue nombrado director general administrativo del Hospital de Portoviejo.
Un militar en servicio pasivo, director administrativo del Centro de Especialidades San Juan. Un diseñador gráfico, jefe de la Unidad de Alimentación, Esterilización y Lavandería del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Hasta 2018, el número total de funcionarios llegó a casi 38 mil. La pandemia demostró que el personal médico y sanitario es indispensable y puso a prueba el sistema de seguridad social.
A junio de este año, 34.570 personas colaboran en el instituto, el 70 por ciento corresponde al área médica, según Diego Salgado, quien asumió la dirección general a mediados de agosto de este año.
Sus sueldos representan unos 780 millones de dólares este año. A inicios de abril hubo quejas por el desenrolamiento de personal sanitario que estuvo en primera línea, durante la pandemia.
La actual administración ofrece revisar el tema con criterios técnicos. “La proforma presupuestaria para 2023 está diseñada para la transformación del IESS en una institución eficaz, eficiente para el servicio de los ecuatorianos”.
Ya es tiempo de que la seguridad social deje de ser un botín clientelar y político.
Fuente: Vistazo
