Los defensores de derechos humanos y activistas ambientales incomodan a gobiernos y poderosos intereses. Tanto, que los persiguen, torturan y matan. En 2018 asesinaron en el vecindario latinoamericano a 241 -75% de todo el mundo-.
La mayoría de estos casos permanecen impunes. Son más de 800 desde 2014, según el recuento de la no gubernamental Front Line Defenders. Cuando la justicia llega, de forma excepcional y luego de tortuosos procesos, se descubre casi siempre que están involucradas autoridades policiales, militares o civiles.
Las promesas de los gobiernos de parar estos crímenes no han caído en terreno abonado. En lo que va del año, ya se han sumado más de una docena de nuevos casos, principalmente en México y Colombia, siendo este último país donde más activistas mueren.
La mayoría son indígenas, casi siempre pobres, que se oponen a explotaciones madereras, mineras, petroleras o a hidroeléctricas. Cuando se accede a los expedientes, se descubre que hay una perversa colusión entre intereses económicos y autoridades para llevar adelante, violando normativas y derechos, planes extractivos o de otro tipo en zonas de alto valor ambiental o cultural.
Como hay pobladores que no aceptan los arreglos y regalos que les ofrecen, los que apuestan por los proyectos van contra ellos, los hostigan, amenazan, desprestigian y matan. No hay que ir muy lejos. En Ecuador hay pobladores que han sido perseguidos por oponerse a la minería, a la deforestación o a la explotación petrolera. Con el fin del régimen correísta bajó la temperatura represiva en este tema, pero no ha terminado.
Por eso hay que celebrar el atisbo de justicia surgido tras la consulta que se hizo en marzo a los habitantes de El Girón, en Azuay. Dijeron no a la explotación minera. Habrá que vigilar que su decisión se cumpla. Otro atisbo se vio en abril cuando una corte de Pastaza falló a favor de los indígenas waoranis que se oponen a la explotación petrolera. La justicia concluyó que se había vulnerado el derecho de los indígenas a ser consultados previamente de forma libre e informada.
También está el caso de Imbabura, con la explotación minera. La Contraloría emitió, también en abril, un duro informe en el que expone graves irregularidades -sus pobladores vienen sufriendo represión y hostigamiento por oponerse al desarrollo minero-, entre esas, la entrega del permiso ambiental.
Ecuador no está, ciertamente, en la lista de países con mayores ataques a activistas de derechos humanos y ambientales, pero más vale darle seguimiento a cada caso, para no llegar a situaciones indeseables. Por más grandes que sean los intereses económicos y las necesidades de recursos, no se puede llevar por delante a la naturaleza y a sus pobladores, no con ilegalidades, persecución y muerte.
Fuente: El Comercio
