Andrés Icaza, abogado de la Cámara de Minería del Ecuador, habló con diario El Mercurio.
A raíz del tema minero y de las consultas populares hay un enfrentamiento, ¿cómo lo ven ustedes?
En general, la posición de la Cámara de Minería del Ecuador sobre las consultas populares que se plantean tanto por el alcalde de Ponce Enríquez como del prefecto del Azuay son inconstitucionales. El régimen legal es claro. Este tema debe ser tratado por el Estado central porque es el titular de los recursos naturales. Este decide cómo, cuándo, dónde, con quién […] La consulta popular es una campaña política, y la gente no tendría los suficientes elementos para pronunciarse sobre el tema.
¿Qué elementos?
Cuando pasó lo de Girón nosotros hicimos un levantamiento de información y había cosas elementales que debían ser expuestas. Como la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, en la que se declara que ellos (INV Metals) no toman el agua de fuentes públicas sino toman del agua lluvia, y eso nunca se dijo. Cuando hay intereses políticos, las demás cosas quedan subrogadas. No puede haber consulta popular porque no es un tema político, es un tema económico.
¿La Corte Constitucional debería ya pronunciar sobre el fondo de las consultas por la minería?
Tenemos la expectativa que la Corte resuelva el problema definitivamente porque estamos sobrepoblándonos de estos temas. Tuvimos la consulta en marzo, tuvimos en mayo el pedido de consulta en Carchi e Imbabura, ahora tenemos dos en la misma provincia (Azuay), que hasta cierto punto son contradictorias., porque yo no sé qué pasaría con el CNE si el sí gana en Ponce Enríquez y el no gana en la provincia. Yo creo que la Corte debe zanjar este tema porque además se genera una reforma tácita a la constitución. Por ejemplo, no se puede hacer minería en Girón, pero eso no está en el texto constitucional, o sea, nos genera una suerte de régimen que no sé si el término dé para constitucional.
¿Han conversado con las compañías mineras que tienen concesiones en Azuay?
Sí, los tres son socios nuestros: Río Blanco, Loma Larga y Ruta de Cobre. Ellos ahorita están con mucha expectativa porque los proyectos se pueden complicar muchísimo por el tema, porque en el caso de Río Blanco (Molleturo), el proyecto estaba en construcción, a pocos de iniciar producción. En el caso de Loma Larga (Quimsacocha) ellos ya terminaron el estudio de factibilidad, están diseñando minas, están diseñando planta y en consecuencia ellos ya tienen que empezar a diseñar una construcción. Y en el caso de Ruta de Cobre (Chaucha) ellos terminan este año su estudio de factibilidad.
El caso de Ponce Enríquez…
Hay que entender el escenario de la gente de Ponce Enríquez. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la petición de la consulta. Hasta cierto punto nos parece una defensa lógica, que a nosotros nos parece más absurda todavía. Ellos ya tienen permiso del Estado, ya están haciendo una actividad perfectamente legal. Hagamos una comparación. ¿Usted tiene licencia para conducir? Sí. ¿Pagó el valor de la licencia? Sí ¿Se hizo el examen psicométrico? Sí. Y tiene que ir a preguntar a la gente en una consulta popular para saber si está de acuerdo que usted pueda manejar. No, pues. Ellos ya preguntaron a la autoridad que corresponde, no tiene por qué preguntar a alguien más.
¿Qué pasa con la minería ilegal?
En tema de la minería ilegal y minería artesanal el camino para andar y mejorar los controles es enorme. Lamentablemente en el Gobierno Anterior se generó una política de protección que nunca entendí por qué. Allí hay que trabajar mucho, porque hay como controlar a Río Blanco, Loma Larga por su exposición. Es mucho más fácil corretearle a una compañía grande al Juan Pérez, que mañana desaparece del mapa. (AWM)-(I)
Fuente: El Mercurio
