Consejo Nacional Electoral se debate entre cumplir el Código de la Democracia o atender un acuerdo político
El organismo está sumido en una crisis que surgió por adelantar los resultados del conteo rápido y mediar en un acuerdo político con dos candidatos.
El anuncio de los resultados del conteo rápido la noche del 7 de febrero fue el hecho que desató la conflictividad política en la que está sumido el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la definición de cuál de dos candidatos, Yaku Pérez de Pachakutik (PK) o Guillermo Lasso (CREO-PSC), pasará a la segunda vuelta del 11 de abril para enfrentar a Andrés Arauz (UNES).
El 7 de febrero, a las 20:27, se estabilizó la muestra del conteo y se anunciaron los resultados no oficiales de las votaciones del binomio presidencial. En el centro de mando ubicado en el Swissotel, los cinco consejeros se instalaron en pleno. Un funcionario les entregó en sobres cerrados los resultados.
Fue la sorpresa. Ninguno de ellos había conocido su contenido. No hubo un diálogo previo para determinar cómo se anunciarían, pues el protocolo para este efecto, propuesto por el consejero Luis Verdesoto y aprobado por el pleno, así lo estableció: que los recibiera la presidenta, Diana Atamaint, y que ella los divulgaría.
Con 2.193 actas de escrutinio que representaban el 90,4% de las 2.425 que se escogieron para la muestra total, Atamaint anunció que Arauz tenía el 31,50%; Pérez, el 20,04%; y Lasso, el 19,97%.
A las 21:16 cambió el escenario, pues Lasso creció a un 20,05% y Pérez bajó a un 19,85%.
Entonces empezó la “cruzada” de Pérez de los últimos diez días para denunciar un presunto fraude electoral. Esa misma noche llegó al CNE para reclamar.
Motivados por las denuncias, el CNE convocó el 9 de febrero a los tres contendores a una reunión con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que apaciguó los ánimos del candidato de PK. La elección “podría ser transparente”, expresó al salir de ella.
Luego se trasladó a la delegación electoral del Guayas para supervisar el escrutinio, pues ahí estaba el “fraude”, aseguró.
El jueves volvió a la capital e ingresó un oficio al CNE para que se abran las urnas en siete provincias; Atamaint acogió su propuesta y dijo en Twitter que la plantearía al pleno.
El candidato persistió y fue a la Contraloría del Estado y pidió a su titular, Pablo Celi, que se haga una auditoría al sistema informático; se trasladó a la Fiscalía y denunció al Consejo por un presunto fraude electoral.
A la Corte Constitucional (CC) le pidió medidas cautelares para que se suspenda el escrutinio nacional; y ya no solo quería que se abran las urnas en siete provincias, sino en las 24.
Y pidió a Lasso que lo apoye en su pedido y entablar un diálogo.
Él aceptó la invitación y la cita se concretó a las 11:00 en la sede del CNE.
A la par, el Gobierno de Lenín Moreno pregonó que daría los recursos al Consejo para que se haga el recuento, pese a que, como reclamó el consejero José Cabrera, aún no se ha asignado dinero para pagar al personal de contrato ni a los proveedores desde diciembre pasado.
El 12 de febrero en el auditorio del CNE, en el que también participó la OEA, Pérez expuso en los primeros minutos actas con inconsistencias de Guayas, Tungurahua y Pichincha. El vicepresidente, Enrique Pita, las tomó y se comprometió a revisarlas.
Por tres horas esa reunión pública y televisada se transformó en un debate electoral entre Pérez y Lasso, marcado por acusaciones políticas que los consejeros no pudieron controlar.
Lasso planteó que se revise el 100% de urnas en Guayas y Pérez dijo entonces que sea en 16 provincias.
Los consejeros permanecían en silencio. Atamaint dio un receso de 30 minutos, que se transformaron en casi dos horas. Y solo en privado llegaron a un denominado “acuerdo de diálogo”, que no tenía ninguna base legal.
En un comunicado que el CNE se apresuró a divulgar se hablaba de seis “acuerdos conseguidos”, que en lo principal planteaban la revisión del 100% de votación en Guayas y del 50% en 16 provincias, y que solo al concluir esta tarea se proclamarían los resultados oficiales.
También que se emitiría un instructivo para operativizar este pacto que ahora algunos de los consejeros lo califican como “supralegal”.
El sábado, Pérez formalizó su “petición” en un oficio para que se disponga abrir el 50% de las urnas en 16 provincias y el 100% en Guayas, para garantizar la seguridad jurídica, el derecho de participación, entre otras alegaciones.
Al día siguiente, Lasso también envió su carta al CNE para advertir que solo se puede hacer lo que le manda la ley, y que si abren urnas deberán hacerlo con las actas con inconsistencias.
Pidió que se proclamen los resultados y se traten las reclamaciones. Que se abra el 100% de las actas de Guayas y hasta el 50% en Los Ríos, Pichincha, Esmeraldas, El Oro y Bolívar. En las demás, es “inoficioso y una pérdida de tiempo, ya que en ellas Pérez me ganó ampliamente y acepto ese resultado”, decía en su carta.
“¿Por qué se echa para atrás en el recuento de votos? ¿Qué hizo usted y el CNE que no quieren que sepa el Ecuador? Para usted la política es un juego, para mí es la oportunidad de cambiar la vida de millones de ecuatorianos. Abrir las urnas es defender la democracia”, le respondió Pérez en un tuit.
Este cruce de cartas preocupó a los consejeros electorales, quienes a puerta cerrada analizaban —entre el domingo y el lunes pasado— las secuelas políticas y legales que esta situación les acarrearía en el futuro. Se conoció que hubo un consenso para atender esta petición, pero negándola por ser ilegal.
En tanto, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) alertaba en varios tuits que el artículo 138 del Código de la Democracia establece en qué casos se pueden abrir las urnas.
Elecciones Ecuador 2021: El CNE no aprobó el informe para el recuento de votos
El impedimento del CNE para cumplir con el acuerdo político con los candidatos se evidenció en la sesión del pasado martes, cuando no hubo los votos para aprobarlo.
A la petición de Pérez, Atamaint la trató como una reclamación y no como un pedido, y tuvo su voto a favor y el de la consejera Esthela Acero.
José Cabrera votó en contra, porque la ley no reconoce estos acuerdos y pidió continuar con el escrutinio; Pita se abstuvo y con ello impidió que haya un empate y promueva el voto dirimente de Atamaint.
Luis Verdesoto cuestionó el contenido del informe y decidió abandonar la sesión, antes de votar.
La presidenta dijo al final que no se aprobó ni se rechazó la “reclamación” de Pérez; pero en una entrevista en diario El Comercio indicó que “la autoridad electoral no puede disponer arbitrariamente las urnas. Se debe seguir el debido proceso y dentro de la Audiencia Nacional de Escrutinios presentar un pedido, adjuntando la documentación de respaldo”.
El artículo 138 del Código de la Democracia establece tres causales para verificar los sufragios en una urna. Cuando haya inconsistencias numéricas; cuando falten las firmas del presidente o secretario de la Junta Receptora del Voto; y cuando un sujeto político presente un acta de escrutinio que no coincida con el acta computada en el sistema informático.
Para Esteban Ron, analista electoral, estas reclamaciones se pueden hacer una vez que se cierre el escrutinio nacional.
Es decir, el CNE notifica los resultados a las organizaciones políticas; estas presentan sus reclamaciones; se notifica la resolución y pueden insistir en reclamaciones administrativas o jurisdiccionales ante el TCE.
Por ello, Ron cree que el Consejo se adelantó a ofrecer un acuerdo de diálogo, sin tener “asidero legal”.
“El pedido de Pérez no tiene ninguna formalidad, ni de especificidad como un recurso. Ni siquiera tuvo que haber sido tratado en el pleno. Pero para que no quede ningún silencio administrativo, debe haber una contestación. La presidenta debe oficiar una respuesta. Si no hacen esto, podría entenderse que Pérez no recibió la contestación, que puede crear suspicacias, aún más en este ambiente”, comentó.
Señaló que el Código de la Democracia no regula el recuento provincial y menos la definición de porcentajes para revisar la votación. Y, que al encontrarse en audiencia nacional de escrutinios, el Consejo puede acogerse al artículo 141, que le permite realizar verificaciones o comprobaciones que estime necesarias.
Pero cuando “un reclamante demuestra fácticamente que existen inconsistencias. En este caso no hay esas pruebas, no se ha entregado las actas con esas evidencias. ”, acotó el analista.
Ismael Quintana, constitucionalista, culpa al Consejo Electoral de esta crisis política por su “falta de decisión”.
“Lo que está pasando aquí es un acuerdo al margen de la ley. Una cuestión sin sentido. Un candidato que según datos oficiales está en tercer lugar, que se ha quedado fuera del balotaje, y que está pidiendo el recuento de votos al margen de la ley. Esto parece un pataleo de un candidato que perdió y que quiere entrar al balotaje por la ventana, bajo el chantaje” esgrimió.
Esto, aseguró, se dio por la falta de liderazgo de un organismo que ahora “le toca ponerse firme y tomar decisiones y proclamar los resultados; porque si seguimos así, no vamos a alcanzar a la segunda vuelta”.
“Los votos no se negocian, los votos se recuentan cuando hay causal probada. Y esa debió ser la posición de Lasso y del CNE, esa reunión no debió darse, y propiciar un acuerdo al margen de la ley”, insistió Quintana.
Daniel González, analista político, alertó que el CNE equivocó la figura legal de la propuesta de Pérez, porque se presentó como una “petición” y no como una “reclamación”, lo que ahora los obliga a dar una respuesta.
Pérez en su oficio presentó una petición, pero Atamaint el martes pasado, la etiquetó como una “reclamación”.
“El CNE no resolvió como lo dispone el artículo 139 del Código de la Democracia que en la audiencia de escrutinio deben resolverse las reclamaciones, y las mismas deben constar en el cierre de esta etapa. Los consejeros deben volver a conocer el informe y decirle al candidato si procede o no su pedido, porque caso contrario estará violentando el debido proceso y la respuesta motivada”, explicó. (I)
Fuente: El Universo
