Correísmo y PSC se imponen al pedir pruebas para juicio político contra Guillermo Lasso
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea avanzó con la aprobación de solicitudes de pruebas de oficio para el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. A su vez, dejó sin respuesta a dos escritos remitidos por el mandatario y su abogado.
La resolución se dio este lunes 10 de abril del 2013, a seis días de que culmine el plazo que abrió la mesa para recibir las pruebas de cargo y de descargo, tras la notificación a Lasso y a los proponentes del juicio que se realizó el pasado jueves 6.
De un paquete de 68 pruebas de oficio solicitadas por los integrantes de la Comisión, se acogieron 49 planteadas desde el correísmo y el PSC, y se descartaron las demás. Hubo 5 votos a favor y 4 en contra.
Se impuso una mayoría compuesta por tres asambleístas del correísmo, uno del PSC y el independiente Bruno Segovia y dejó fuera todas las pruebas documentales (7) requeridas por la oficialista Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión, y algunas requeridas por el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (ind).
La moción fue presentada por el correísta Roberto Cuero, quien tachó a las pruebas requeridas por Cordero y Villavicencio como “impertinentes” para el juicio político contra Lasso, pues argumentó que no se centraban en el periodo de gestión del actual Gobierno.
Los asambleístas concordaron en que las pruebas deben centrarse en el dictamen con el que la Corte Constitucional avaló el juicio político contra Lasso por supuesto peculado en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana con Amazonas Tanker para el arrendamiento de buques, que se firmó en el gobierno de Lenín Moreno, y desechó otros cargos por supuesta concusión que también le imputaban.
“Esta decisión de la mayoría le impide al país y a la Comisión de Fiscalización poder acceder a información importantísima de quiénes están detrás de esta mafia intermediaria que controla no solo el comercio de crudo, sino también el transporte de los hidrocarburos en los buques contratados por la empresa pública Flopec”, dijo Villavicencio.
Entre las pruebas que sí se aprobaron constan: Listados y fechas de quienes fueron gerentes generales y comerciales de Flopec desde el año 2021 hasta la presente fecha; el Plan estratégico de esta empresa pública. El Acuerdo Comercial Amazon Tankers, con todas las adendas que existan. El Informe comercial con los respaldos que recomiende la conformación de Amazonas Tankers. Además, de la copia del informe sobre Flopec aprobado por la Comisión de Régimen Económico en octubre del 2022.
Incidentes
La sesión estuvo marcada por interrupciones entre asambleístas del correísmo (Unes) Roberto Cuero y Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano (PSC), y el presidente de la Comisión, Fernando Vilavicencio (ind.), a quien acusaron de silenciar los micrófonos.
Villavicencio rechazó los señalamientos y reprochó que ninguno de los comisionados acudiera al Palacio Legislativo para conocer las pruebas, sino que optaran por la modalidad virtual, tras el feriado de Semana Santa. Las sesiones presenciales se suspendieron desde el miércoles 5.
El socialcristiano Pablo Muentes intentó que la Comisión revocara las providencias emitidas por Villavicencio para que los proponentes del juicio político singularicen las pruebas e incluso la notificación al Mandatario que se dio el jueves 6.
Sin embargo, Muentes solo logró el apoyo de los asambleístas del correísmo Coms Córdova, Gabriela Molina y Roberto Cuero. Y no se aprobó.
Villavicencio, y los oficialistas Pedro Velasco y Ana Belén Cordero, vicepresidenta, votaron en contra, pues advirtieron que si no lo hacían se podía dilatar o caer el jucio político.
“Si nosotros anulamos la providencia, anulamos la notificación. El remedio resultaría peor que la enfermedad”, enfatizó Bruno Segovia (ind.), quien se abstuvo de votar a favor con el oficialista Marco Troya.
Entretanto, la Comisión dejó sin responder el escrito que el presidente Guillermo Lasso remitió a la mesa el jueves 6 ni el que entregó su abogado, Edgar Neira, este 10 de abril del 2023. Ningún asambleísta planteó una moción en este sentido, aunque señalaron que no se puede limitar su capacidad de fiscalizar.
En esos documentos, Lasso y su abogado pedían certificar si los proponentes “singularizaron las pruebas” conforme al dictamen de la Corte para el juicio político, y que se amplíen los pedidos de información hasta 2018, cuando se firmó el contrato cuestionado de Flopec.
Proponentes no aclaran pruebas
Villavicencio también señaló que no hay voluntad política de la mayoría de la Comisión para insistir a los asambleístas proponentes para que singularicen las pruebas conforme al dictamen de la Corte. Aseguró que esto llevará a un “problema serio” para formular pedidos de comparecencias.
El juicio político contra Lasso es impulsado por Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de la coalición opositora liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).
Pazmiño aseguró que “no le va a dar el gusto” al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (ind.), para que singularicen (o aclaren) las pruebas que serán presentadas para esta causa.
“No tenemos por qué singularizar las pruebas, debemos presentar todos los instrumentos, comparecencias, documentos y audios que existen para enfocar hacia lo que es el peculado, que lo demostraremos en la sustanciación del juicio político”, adujo Pazmiño.
Fuente: El Comercio
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