Cierre del bloque 43 ITT podría demorar entre tres y cinco años, según el ministro de Economía
El colectivo YASunidos está a la espera de que el Ejecutivo proceda con el cierre del campo ITT este 31 de agosto. Acudirán mañana a la CC
El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, indicó que el proceso de cierre del bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) podría tardar entre tres y cinco años, de acuerdo con estudios preliminares.
El funcionario se pronunció sobre el tema la mañana del lunes 19 de agosto, en una entrevista en Teleamazonas, cuando faltan dos semanas para que se cumpla el plazo de un año que dio la Corte Constitucional (CC) para cumplir con el mandato de la consulta popular del 20 de agosto de 2023, en la cual la mayoría de ecuatorianos votaron a favor de que se mantenga el petróleo del campo ITT bajo tierra indefinidamente.
Al ser consultado sobre si se va a cerrar el ITT el próximo 31 de agosto, Vega respondió que “el Gobierno iniciará el proceso de cierre”.
Dijo que “por riesgos, sobre todo ambientales y sociales”, que puede generar un cierre de actividades antes de tiempo “se están presentando todas las argumentaciones técnicas sobre todos los riesgos, para ir en un proceso de cierre que no traiga ninguno de esos riesgos”.
Sin dar mayores detalles del proceso, el ministro de Economía manifestó que “casi inmediatamente se comenzaría con el proceso de cierre de algunos pozos”. Que con base en recomendaciones de técnicos y para mitigar riesgos ambientales, el proceso de cierre podría tomar entre tres y cinco años, dijo Vega.
El dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a la consulta popular, impulsada por el colectivo YASunidos, establece que el cierre del bloque 43 se realizará “a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales”.
Los resultados de la consulta popular fueron proclamados el 31 de agosto de 2023 por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El 8 de mayo de 2024 el presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 257, creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular (CEVP) Yasuní-ITT, cuyo fin es cumplir con la voluntad popular.
Una de las atribuciones del Comité es elaborar y aprobar un plan de acción que contenga los lineamientos, actividades y el cronograma en el que cada una de las entidades públicas ejecutarán, en el ámbito de sus competencias, las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a la voluntad popular y de conformidad con lo que establece el dictamen.
El plan de acción hasta el momento no consta en el expediente del dictamen de la Corte Constitucional.
El pasado viernes 16 de agosto, el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves ratificó que se cumplirá con la consulta popular. Explicó que se ha trabajado con Petroecuador para “el plan de salida y desmantelamiento” y aseguró que “hay acercamientos con la Corte”.
La producción en el campo ITT alcanzó los 49.540 diarios el 18 de agosto, lo que representó el 114,11 % de la meta diaria estimada en 43.416 barriles, según registros de Petroecuador.
Nelson Baldeón, experto petrolero, señaló que lo dicho por el ministro de Economía da algo de luces, pero precisó que para desmontar un campo de las características del bloque 43 se requieren unos 20 años debido a la complejidad del proceso.
A su criterio, la Corte Constitucional erró en su decisión de aprobar la pregunta de la consulta popular porque “no existía un plan detallado, técnica y económicamente probo para llevar a cabo dicho cierre”.
Apuntó que el cierre del ITT traerá repercusiones directas a la economía del país por la pérdida de ingresos. “Es un campo con potencial del 130.000 barriles diarios. No solo son los 55.000 que están ahorita, hay que ver el potencial proyectado”, remarcó Baldeón.
Además, mencionó que el fallo de la Corte podría afectar los compromisos internacionales que tiene Ecuador, relacionados con la explotación de recursos naturales, ya que se genera incertidumbre sobre la seguridad jurídica.
Miembros de YASunidos acudirán a la Corte Constitucional
El colectivo YASunidos sostiene que el Gobierno no ha cumplido con el retiro progresivo y ordenado de la actividad en el bloque 43, una vez que se confirmaron los resultados de la consulta popular, ya que, de acuerdo con los reportes de Petroecuador, la explotación de crudo continúa y en algunos momentos se ha incrementado.
Tras conocer las recientes declaraciones del ministro de Economía, el vocero de YASunidos, Pedro Bermeo, comentó que sería grave si el 31 de agosto no termina definitivamente con la extracción de petróleo y solo se cierran “algunos pozos”, ya que se incumpliría con el dictamen constitucional y la consulta.
“Si el ministro o el presidente (Daniel) Noboa recién comienza la suspensión (de la explotación de crudo) el 31 de agosto estaría incumpliendo flagrantemente esa sentencia de la Corte y el mandato popular”, opinó Bermeo.
El martes 20 de agosto se cumple un año desde que los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre la actividad petrolera en el bloque 43, que se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana.
En ese contexto, Bermeo anunció que miembros de YASunidos acudirán la mañana del martes a la Corte Constitucional a entregar un informe con propuestas de medidas económicas que para obtener ingresos para el fisco por un monto de $ 1.775 millones anuales, que suplirían los recursos de la actividad en el ITT.
Esa es una de las actividades que se desarrollarán durante esta semana, con motivo de la consulta popular y a la espera de que el Ejecutivo proceda con el cierre del campo ITT el 31 de agosto.
La organización cuestiona que hasta ahora no se haya hecho público el plan del Comité creado en el decreto 257.
“Lamentablemente, estamos a días de que se cumpla el plazo y no hay un cronograma, no hay presupuesto, no hay un plan de cierre, no hay cumplimiento de la voluntad popular. Y eso es una burla a los ecuatorianos, una vulneración a la institucionalidad y al Estado de derecho”, dijo Bermeo, al tiempo de indicar que si las autoridades, como el presidente Daniel Noboa, no acatan en mandato popular, la Corte puede destituirlos de sus cargos. (I)
Fuente: El Universo
