Daniel Salcedo Bonilla fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de peculado
Daniel Salcedo
y otras siete personas fueron condenadas por el delito de peculado. El fallo se dictó la noche del lunes 5 de julio del 2021. Allí actuaron los jueces Francisco Flores Barragán, Francisco Davila Álvarez y Mónica Abad.
Según las investigaciones, este ilícito se habría cometido en la adquisición de fundas para cadáveres y otros insumos médicos en el Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
Quienes deben pagar los 13 años de cárcel son Daniel Salcedo, una exgerente general del Hospital del Norte de Guayaquil Los Ceibos, la responsable de Compras Públicas de esa casa de salud, la exsubdirectora administrativa-financiera.
También está una representante de la empresa Silverti y otros dos.
Para uno más se dictó cárcel de seis años y seis meses, por ser cómplice del delito.
#AHORA | Caso #FundasParaCadáveres: se reinstala audiencia de juicio contra 8 procesados por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos para el Hospital de #LosCeibos, en #Guayaquil. Tribunal de Garantías Penales informará su resolución. #FuerzaDeTarea pic.twitter.com/qENvF8XWZj
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 6, 2021
Durante la audiencia, la fiscal del caso, Claudia Romero, convocó a 112 testigos y peritos e introdujo 126 pruebas documentales, medios probatorios que fueron presentados ante el Tribunal.
Así se comprobó la tesis de Fiscalía, cuya investigación determinó que tres funcionarias del Hospital de Los Ceibos dispusieron arbitrariamente de fondos públicos para la adjudicación de un contrato para el que se asignó una partida presupuestaria de USD 872 000.
A través de las pruebas, los jueces “evidenciaron inobservancias” a la normativa de contratación pública, como falta de un adecuado estudio de mercado y un injustificado incremento en los rubros de los insumos, como las fundas para cadáveres (adquiridas en USD 148,5), aprovechándose de la declaratoria de estado de excepción por la pandemia de covid-19.
Además, se demostró que en el proceso se falsificaron firmas para validar la compra con la empresa adjudicataria y que se incluyeron proformas falsas para beneficiar a Silverti S.A.
“En comparación con lo ofertado por otras empresas, en el precio de las bolsas para cadáveres se encuentra un incremento estimado superior al 300%, lo cual no se justifica”, señaló el juez ponente, Francisco Flores.
El Tribunal indicó que la contratación fue suscrita y contó con el informe de recepción a conformidad de los insumo.
Sin embargo, no fue pagada debido a las denuncias públicas y posterior investigación de Fiscalía.
“Que no se haya realizado el pago no significa que el actuar de las servidoras públicas sea justificable, al haber dispuesto de recursos públicos de manera arbitraria”, aclaró.
“Además, en el proceso hubo la participación de otras personas que, sin ser funcionarios públicos, coadyuvaron para que se perfeccione el delito, actuando para beneficiar a una empresa particular”, añadió. Ahí aparece Salcedo.
La sentencia contempla la reparación inmaterial al Estado, con la publicación de disculpas públicas en un medio impreso de circulación nacional y la publicación de la sentencia en la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Fuente: El Comercio
