Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía. Sin embargo, el caso de los cuatro menores desaparecidos abre los cuestionamientos sobre sus actuaciones en medio del conflicto armado interno.

Luego de 15 días, el Gobierno de Daniel Noboa reconoció que los menores desaparecidos, en el sur de Guayaquil, fueron aprehendidos por militares.

“No son terroristas, son futbolistas”, gritaban quienes protagonizaron plantones en distintas ciudades, exigiendo que los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años; Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), regresen con vida junto a sus familias.

 Tras los días de silencio, el 23 de diciembre de 2024, un video proyectado en la Asamblea Nacional permitió conocer qué pasó el 8 de diciembre y ha puesto en la mira a las Fuerzas Armadas, una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía.

¿La militarización como estrategia de seguridad se ve afectada por la desaparición de los cuatro jóvenes?

 El coronel (sp) Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia militar, califica el hecho como “aislado”, pero destaca que no afecta la estrategia de seguridad del Gobierno: la militarización de las calles y cárceles.

El ‘golpe’ de este acto, que mantiene en vilo y angustia a las familias de los menores, afecta al nivel de confianza de la ciudadanía en la institución.

Uno de los errores de estas acciones –dice Pazmiño– es no haber seguido el proceso correspondiente. Es decir, que tras la aprehensión, los jóvenes “debían ser entregados a la Policía Nacional”.

Por su parte, Paco Moncayo, político, militar y exconsejero de Gobierno de Seguridad Nacional, dice que “las Fuerzas Armadas no tienen por qué sufrir el desprestigio (…) de actos que cometa un cabo o un teniente”. Para lo cual recomienda que no haya impunidad, en caso de ser hallados culpables.

Moncayo es enfático en manifestar que la Asamblea Nacional “no tiene calidad ética y moral” para pedir que “saquen a los militares de las calles”.

Actos deshumanizantes en medio del conflicto armado interno

La abogada y activista, Sybel Martínez, considera que la desaparición de los cuatro menores – quienes salieron a jugar fútbol y no volvieron– es la consecuencia de haber avalado “actos abusivos”. Hace referencia a los videos que circulaban en redes sociales, en enero de 2024 –cuando se declaró el conflicto armado interno–, donde militares golpeaban y obligaban a presuntos miembros de grupos delictivos o terroristas a cantar.

“Esas prácticas deshumanizantes las advertimos. Dijimos que no se podía militarizar las calles”, señala.

Sin embargo, Pazmiño y Moncayo resaltan que esta estrategia ha permitido bajar los niveles de violencia, en las calles y en las cárceles.  Entre enero y diciembre de 2023, Ecuador sumó 7.838 homicidios, mientras que en 2024 fueron 6.547, lo que representa una disminución del 16,5%, según cifras del Ministerio del Interior.

Gobierno dice que se trató de una detención, de los cuatro jóvenes, por presunto robo

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, confirmó que los menores fueron aprehendidos por una patrulla militar en una zona donde supuestamente ocurría un robo, y que después los mismos uniformados los dejaron marchar.

Loffredo explicó a la emisora Radio City que existe un informe, según el cual una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso de haber dejado un camión en la Aduana de Guayaquil, cuando observaron a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer.

“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas. Una cuarta es entregada por la ciudadanía”, apuntó Loffredo, quien comentó que “no estuvo bien” que los uniformados dejaran libres a los menores sin entregarlos a la Policía.

Los militares les dejaron marchar en la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

“Nada que hayan hecho o hayan dejado de hacer estos niños, justifica que alguien los desaparezca, esto es inaceptable”, dijo el funcionario al agregar que el rol de las FF.AA. es colaborar con la Policía y ayudar a encontrar a los menores.

Además, dijo que se deben dar todas las facilidades a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones, en las que ya han declarado 12 de los 16 militares.

Esta madrugada, según el ministro, se realizó una segunda instrucción en la cual el fiscal requirió los vehículos en los que se transportó a los menores, así como ciertas prendas de los miembros de la patrulla.

Loffredo pidió que se instaure de inmediato un tribunal de disciplina militar, que se encargará de “investigar y sancionar las acciones o inacciones que hayan cometido los miembros de la patrulla”.

Las declaraciones de Loffredo fueron rechazadas por organizaciones sociales, que también cuestionaron a Noboa por anunciar que los cuatro jóvenes serán declarados héroes nacionales. Dicha medida – según Martínez– se toma cuando, en estos casos, la  víctima ha muerto. “Esperemos que no sea así”, agregó la abogada.

Registro en la base de Taura

La Fiscalía registró la base militar de Taura, ubicada en el norte de Guayaquil. Los agentes de la Fiscalía incautaron 16 teléfonos móviles, así como cuadernos de maniobras, un ordenador y dos vehículos, según confirmaron fuentes a Ecuavisa.

El operativo se dio apenas dos días después de que la Fiscalía anunció que el caso pasaba a depender de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, encargada de indagar posibles infracciones cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad.

Según la denuncia realizada por los padres de los menores, agentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) realizaron disparos al aire y persiguieron a los cuatro niños, que salían de jugar al fútbol el 8 de diciembre.

Sobre este asunto, el presidente Daniel Noboa ha incidido en la necesidad de dar «respuestas» sin importar quién esté involucrado, si bien ha señalado que el caso no debería ser tratado como un crimen de Estado. (AVV/Agencias)

Fuente: La Hora


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