Dudas tras el acuerdo para terminar el contrato de los radares en Cuenca
Del contrato “trucho” a terminarlo a través de un acuerdo: así se puede resumir los términos utilizados para hablar sobre los radares que llegaron en la administración del ex alcalde Pedro Palacios y, aparentemente, se fueron con la llegada de Cristian Zamora.
Sin embargo, luego del 25 de agosto, cuando el alcalde y su séquito festejaron la firma del “acta de defunción” de los radares que fueron instalados en medio de una serie de críticas por la manera en que habían sido contratados, todavía quedan dudas.
Lo único cierto es que la empresa privada Movil Technology Ecuador terminó su contrato con el Municipio de Cuenca a cambio de que se pague los 3,2 millones de dólares que el consorcio invirtió en la instalación de los radares.
Y precisamente de esa terminación llegan las incógnitas que se responderán una vez que se haga público los términos del acuerdo al que llegaron ambas partes para finalizar el contrato, y que haya un pronunciamiento por parte de la Comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal de Cuenca, que ya empezó a analizar una serie de documentos.
Tras conocerse que se llegó a un acuerdo, la presidenta de la comisión, la concejala Diana González, dijo a El Mercurio que recibieron un disco con cientos de documentos en los que se explica del porqué de la terminación del contrato.
Con esa información se espera que se puedan solventar algunas dudas que surgieron por el acuerdo entre el municipio y el consorcio.
Por ahora, las principales dudas, explicó González, es cómo se va a pagar el monto acordado y de qué manera.
Una vez revisada toda la documentación compartida, la concejala agregó que, en un máximo de 15 días, esperan dar un pronunciamiento sobre cómo se dio el acuerdo.
Preguntas
Mientras se aguarda detalles del acuerdo, analistas han empezado a hacer preguntas sobre la manera en cómo terminó el contrato.
Por ejemplo, César Gárate, abogado y experto en tránsito, cuestiona que, si había observaciones por parte de la Contraloría en la manera en cómo había sido contratada la empresa privada, por qué se optó por llegar a un acuerdo con el que el Municipio de Cuenca deberá pagar 3,2 millones de dólares.
“Fue tesis del alcalde que existían vicios de nulidad y vicios que había sido un contrato firmado de manera ilegal con un oferente que no había cumplido con los requisitos mínimos, entre otras cosas, que acarreaban en la nulidad del contrato, pero el rato que hacen una terminación de mutuo acuerdo, implica un reconocimiento de legalidad al contrato”, opinó Gárate.
Sobre la nulidad del contrato también mencionó Jorge Morales, ex director regional de la Contraloría y profesor de derecho de la Universidad del Azuay.
“Está mal hecho. ¿Por qué? Porque si termina unilateralmente, tácitamente está reconociendo que sí existe un contrato y que hay que pagar… Yo recomendé que se demande la nulidad del contrato. Eso era lo propio”, dijo Morales a diario El Mercurio.
Observaciones
Además del porqué de un acuerdo unilateral están las observaciones que se han hecho a la alianza que hubo entre el consorcio Movil Technology y la EMOV para implementar la plataforma que sancione las infracciones de tránsito (en las que se incluye los radares).
La Contralaría no fue la única que hizo un examen especial al contrato de la alianza. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que en aquel entonces estuvo presidida por Fernando Villavicencio, aprobó un informe de fiscalización en enero de este año.
Entre las conclusiones que se hicieron, una de las que más resalta es la diferencia de precio de las cámaras de foto control que presentó el consorcio y la cotización que obtuvo la Comisión de Fiscalización.
Según la página 109 del informe de fiscalización, la oferta del consorcio por las cámaras de foto control fueron de tres millones de dólares. Mientras que, la Comisión de Fiscalización, cuando hizo su propia cotización, el valor fue de 767.920 dólares.
Para Jorge Morales, estos valores pueden ser revisados por la Contraloría General del Estado y, de hacerse un examen especial, y de encontrarse que hubo sobreprecio en la adquisición de las cámaras de foto control, habrá una glosa por un posible perjuicio económico.
Hasta entonces, el Municipio de Cuenca tendrá que pagar el monto acordado con el consorcio, mientras que los cuencanos ahora no solo deberán disminuir la velocidad, sino también ser parte de esa deuda que se ha generado por la cancelación de un contrato observado desde que se firmó. (I)
Fuente: El Mercurio
