La consulta popular que se realiza hoy, domingo 24 de marzo del 2019, en el cantón Girón, de la provincia de Azuay, es la primera planteada para decidir el futuro de un proyecto minero.

Los habitantes de ese cantón deberán pronunciarse sobre la pregunta: “¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?”.

El sistema hídrico de Quimsacocha es un humedal ubicado a más de 3 600 metros sobre el nivel del mar. En Girón hay tres parroquias en la zona de influencia del proyecto Loma Larga, de la empresa canadiense INV Minerals.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) 15 363 electores de ese cantón azuayo recibirán una papeleta adicional en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que se efectúan hoy.

Esta consulta fue interpuesta por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua Girón, que es una filial de la Federación de Organización Campesinas, Ecuarunari y Conaie, en marzo del 2012.

Como parte de ese proceso, en agosto del 2015, el CNE calificó 1 571 firmas presentadas. Con eso pasó a la Corte Constitucional (CC) para la consulta sobre la pregunta.

Sin embargo, en noviembre pasado, el CNE transitorio aprobó un informe para que permitió realizar el plebiscito en Girón.

En agosto del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) cesó a los magistrados de la anterior Corte Constitucional. Esa entidad estuvo en una vacancia que se extendió hasta febrero de este año cuando, tras un concurso se designó a los nueve actuales jueces constitucionales.

Con los jueces ya posesionados, el pedido de que esa entidad se pronuncie sobre la constitucionalidad de la pregunta se volvió a plantear por parte del Estado.

Así, el pasado 13 de marzo, la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones aceptó una petición de medidas cautelares constitucionales y dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender el plebiscito, hasta que exista el pronunciamiento de la Corte Constitucional.

La respuesta del CNE fue un pedido al Tribunal Contencioso Electoral (TCE)para la destitución del Juez Vicente Ribadeneira, quien aceptó las medidas cautelares para suspender de forma momentánea el plebiscito. Antes de recurrir a esa medida, el CNE pidió a Ribadeneira que revoque la medida. Sin embargo, no obtuvo respuesta sobre el tema.

El argumento para que se revoque la decisión fue que el TCE ya negó un recurso de apelación que buscaba impedir que la consulta se realice. Ese, según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, era un recurso de última instancia.

En este escenario se da la consulta popular en el cantón Girón que, según datos del órgano rector electoral, costó USD 34 594.

Fuente: El Comercio

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