El estado de excepción y el toque de queda finalizarán este 9 de abril
Los municipios retomarán desde este sábado, 10 de abril del 2021, la aplicación de las medidas de control de la pandemia del covid-19 en los cantones de ocho provincias, después de que finalice el estado de excepción.
La Corte Constitucional dictaminó este miércoles, 7 de abril del 2021, que esta emergencia terminará a la medianoche del viernes 9; es decir, no se extenderá por 30 días, como se estableció en el Decreto 1282 del presidente Lenín Moreno. Ese mismo día terminará el toque de queda, como fue determinado desde el inicio.
Según los jueces del organismo, “la vigencia de 30 días establecida en el artículo 10 del Decreto no fue debidamente focalizada ni justificada por el Presidente de la República, quien únicamente dispuso medidas concretas hasta el 9 de abril. Consecuentemente, la Corte dispone que el estado de excepción focalizado tendrá vigencia hasta el viernes 9 de abril”.
Ambas medidas rigen desde el 2 de abril en Pichincha, Azuay, Loja, Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Esmeraldas.
Sin embargo, la Corte Constitucional dispuso el trámite de un proyecto de ley que regule de manera adecuada y permita una limitación técnica del derecho a la libertad de tránsito, de forma temporal, para afrontar la pandemia del covid-19.
La resolución llega cuando resta un mes y 17 días para que el presidente Lenín Moreno y la Asamblea Nacional terminen sus períodos. La disposición forma parte del dictamen que declaró la constitucionalidad parcial del Decreto 1282.
La Corte fijó un plazo de tres meses para que el Presidente de la República elabore y presente el proyecto a la Asamblea. Además, dio un plazo máximo de seis meses a la Asamblea, contados desde la notificación del dictamen, para que lo apruebe.
Jorge Wated, secretario de Gabinete de la Presidencia, dijo que el Gobierno dará a conocer una posición oficial luego de conocer el dictamen.
César Litardo, presidente del Legislativo, indicó que “la Asamblea respaldará cualquier normativa que contribuya a mitigar y controlar los efectos de la pandemia en la población; por la delicadeza del tema y particularidad del caso, dará tratamiento prioritario a las iniciativas que se presenten y las procesaremos en lo que resta de este período legislativo”.
Según él, sería una de las tareas urgentes de los nuevos legisladores.
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional tenía prevista ayer una sesión en Cuenca.
Juan Zapata, presidente de este organismo, manifestó que las competencias que estaban manejando los gobiernos locales -como el tránsito vehicular- regresarán al control de cada cantón. El COE nacional continuará con la regulación, bajo su competencia, del trabajo, las fronteras, la educación, entre otros.
“Todo lo actuado es legal porque el COE nacional daba cumplimiento a un decreto ejecutivo, que es una competencia constitucional del Presidente. Obviamente, a partir de hoy se nos notifica y tenemos que devolver las competencias a los GAD y actuar en lo que nos corresponde”, indicó Zapata.
Según Zapata, las medidas del estado de excepción focalizado sí fueron eficientes para evitar, por ejemplo, que más de un millón de personas se movilizaran en el feriado de Semana Santa. “Eso es muy bueno porque evitamos aglomeraciones que hubiesen traído fatales consecuencias”.
La próxima semana, después de los comicios electorales, el COE nacional analizará nuevamente el comportamiento del virus, para aplicar la regulación. “Con norma ordinaria, los que deben seguir actuando son los COE cantonales”, indicó Zapata.
David Ochoa, experto en derecho constitucional, recordó que en agosto del 2020 la Corte ya dispuso que el Gobierno, en coordinación con las autoridades nacionales y seccionales, adoptara medidas normativas y políticas para mitigar la crisis sanitaria, garantizando los derechos.
La novedad, según Ochoa, es que esta vez la Corte fijó plazos que a su criterio son de obligatorio cumplimiento. “El Gobierno y la Asamblea ya están en mora”. La intención, dijo el experto, es aprobar una ley que permita al Gobierno o a los municipios decidir sobre los permisos y horarios de circulación, sin necesidad de un Decreto. “Por tiempo, creo que va a ser una tarea de la siguiente Legislatura y del siguiente Gobierno”.
Fuente: El Comercio
