Desde finales del mes de abril entró en vigencia la ley orgánica de equilibrio de las finanzas públicas que establece que la asignación que entrega el estado a los gobiernos autónomos descentralizados ya no será fija sino que será variable y que se hará en función de los ingresos con los que cuente el fisco.

La reducción hará que no se pueda cumplir la planificación realizada el año anterior con los presupuestos participativos que reciben parroquias y comunidades y que antes de la aplicación de esta ley recibían íntegro, ahora se tendrán recortes y deudas que no permitirán dar lo planeado.

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