En medio de los hechos de corrupción reportados en estos días, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, remitió un oficio de cuatro páginas al presidente de la República, Lenín Moreno, y cuestionó el accionar de la Secretaría Anticorrupción del Gobierno en esta coyuntura.

Dijo que las “actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales”.

La Fiscal General indicó que este accionar “causa preocupación”, por cuanto, “lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencias”.

Por eso pidió revisar cuáles son las funciones y atribuciones constitucionales y legales que le corresponden a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría Nacional Anticorrupción.

Tras citar una serie de normas legales, la Fiscalía indicó que “las atribuciones de perseguir delitos son de la Fiscalía”. “Recae en la Fiscalía General del Estado la total responsabilidad de articular su aparataje institucional con el fin de cumplir única y estrictamente su mandato constitucional, sin que medie injerencias de ningún otro ente público estatal”.

“Es decir, señor Presidente (Lenín Moreno), las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que Fiscalía General del Estado posee constitucionalmente, por lo tanto, resulta preocupante las actuaciones que se han venido realizando por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción, a través de su titular, el señor José De La Gasca, al emitir pronunciamientos en redes sociales que puedan poner en riesgo los operativos que la titular de la acción penal se encuentre gestionando”.

Al finalizar el comunicado, la Fiscalía dijo que resulta imperioso que, desde el Ejecutivo, se analice si es beneficioso para el país, financiar a una institución pública”, como la Secretaría Anticorrupción.

Fuente: El Comercio

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