La protestas registradas el pasado mes de octubre a nivel nacional, en contra de las medidas económicas dictadas por el gobierno nacional en el decreto 883, que, eliminaba el subsidio a la gasolina y diesel, provocó la protesta a nivel nacional por 10 días. Al inicio fueron los transportistas pero la posta la tomaron organizaciones indígenas.
Los reclamos, como es de conocimiento público llegó a extremos de violencia y delincuencia. En las grandes ciudades tuvo la respuesta de las fuerzas del orden. Al final el presidente retrocedió y se firmaron acuerdos, el saldo se contabilizó en 8 personas fallecidas, más de un millar de detenidos, y millones de dólares en pérdidas por la paralización, y grandes perjuicios a bienes públicos y privados.
Varios sectores de Girón se sumaron a la protesta, las vías fueron bloqueadas afectando a toda la población local y a transeúntes, los manifestantes. Algo nunca antes visto, ocurrió cuando personas encapuchadas portando machetes recorrían la ciudad amedrentando a los ciudadanos y en algunos de los casos inmovilizando vehículos al destruir las llantas; otro caso, fue el corte del servicio de agua potable para presionar a la ciudadanía a que salgan a las calles o a los puntos de protesta para manifestarse, en la madrugada del martes 8 de octubre, se produjo la rotura de cañerías de agua en el Chorro.
Estos casos vandálicos no justificados en una protesta, están siendo investigados por la fiscalía de Girón. El fiscal Dr., Pedro Panamá, quien dice no tener autorización para dar declaraciones a la prensa, mencionó que se han presentado tres denuncias, una firmada por el alcalde José Miguel Uzhca por daños a los bienes públicos que provocó la suspensión del servicio de agua potable a la ciudad; y hay dos casos de daños a bienes privados, por la agresión y destrucción de neumáticos de vehículos.
A nivel nacional se ha pedido información de estos expedientes a fin de verificar que tipos de delitos se han abierto en cada fiscalía. Desde Cuenca se ha solicitado hacer un seguimiento para control jurídico. Las personas perjudicadas y violentadas en sus derechos pueden acudir a las fiscalía localizada en la calle Calderón y Bolívar a presentar sus denuncias.
Los autores de estos desmanes podrían enfrentar prisión de 3 a 5 años en el caso del atentado contra el sistema de agua potable por tratarse de un bien público; y, de uno a tres años a quienes agredieron y destruyeron bienes privados.
