Fuerza pública tacha de ‘infame’ al informe sobre paro de octubre de 2019
El Defensor del Pueblo denunció al presidente, Lenín Moreno, al Ministro de Defensa y a la exministra María Paula Romo, por el presunto delito de lesa humanidad. Policía y Fuerzas Armadas insisten en que actuaron apegadas a la Ley.
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El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, calificó de “infame” el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos de octubre de 2019, durante el paro indígena. En el texto, se responsabiliza a la fuerza
pública de violaciones a los Derechos Humanos, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, entre otros presuntos delitos de lesa humanidad.
Jarrín dijo que, en la crisis de esas fechas, cuando se vivió extrema violenta, saqueos, toma de instalaciones, entre otras acciones que atentaron el orden constituido, hubo un conflicto social–político interno, no un conflicto armado, como asegura la Defensoría y aseguró que eso es un mal uso de los términos. “¿Cómo se puede decir que las Fuerzas Armadas actuaron con lesa humanidad? Es decir, se supone que hubo asesinatos, exterminios, matanza y persecución sistemática a la población, esclavitud, traslado, tortura, violencia sexual, desaparición forzada”, manifestó.
Para el titular de Defensa, la labor de las Fuerzas Armadas fue apoyar, en el marco del estado de Excepción, a la Policía, para reducir la intensidad de la violencia y retornar a los niveles previos a la crisis, para que se llegue a la búsqueda de soluciones. “Jamás se utilizó armamento de dotación militar, nunca se disparó un solo tiro”. Reiteró que actuaron en protección de la soberanía nacional, del ordenamiento democrático y en apoyo a la población.
La versión de la Policía
En tanto, el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, dijo que el informe fue elaborado por una comisión extrajudicial, a la que dos de sus integrantes renunciaron por no estar de acuerdo con la mencionada comisión, nombrada por un funcionario cuya objetividad se encuentra en duda, ya que acompañó a los manifestantes en el secuestro de policías y periodistas.
El Ministerio asegura que los acontecimientos de octubre se dieron en un contexto de extrema violencia en que la Policía actuó para mantener el orden y la Ley. “No se desalojaron lugares de reunión, ni se registraron enfrentamientos que no fueran aquellos en que la Policía Nacional, en el ejercicio de su misión, repelió la violencia de los manifestantes, mientras, además, se encontraba vigente un Estado de Excepción”, consta en el comunicado.
Esa cartera de Estado afirma que el informe omite episodios como los secuestros a periodistas, policías y militares, vejaciones a mujeres policías que permanecieron secuestradas y que fueron amenazadas con ser violadas y que, de hecho, fueron objeto de vejámenes sexuales; el incendio de la Contraloría, el incendio de Teleamazonas, el ataque de manifestantes a ambulancias, entre otros hechos violentos.
“No existen elementos, ni indicios, ni pruebas que permitan sugerir siquiera que se hayan registrado situaciones que, bajo los parámetros internacionales de Derechos Humanos pudieran calificarse como crímenes de lesa humanidad”, asegura el Ministerio.
Acusados de lesa humanidad
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Los argumentos de los ministerios de Defensa y de Gobierno no detuvieron al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien presentó ante la Fiscalía la denuncia por presunto delito de lesa humanidad en
contra del presidente de la República, Lenín Moreno; del ministro Jarrín; y de la exministra de Gobierno María Paula Romo.
Pide que se les investigue en relación a la represión estatal durante el paro indígena de octubre de 2019. Carrión dijo que es necesario judicializar el contenido del informe que en relación a estos hechos presentó la Comisión de la verdad y la justicia, integrada por la Defensoría, donde se recopilan datos, entrevistas, información de lo sucedido en esa fecha. “No va a ser posible ningún proceso de reconciliación nacional si no se garantiza la justicia y la reparación a las víctimas de octubre”, manifestó el Defensor.
Según el informe, la fuerza pública es responsable de presuntas violaciones a los Derechos Humanos, ejecuciones extrajudiciales, ataque generalizado contra la población civil, atentados contra la vida por los que deben responder las autoridades. Como medida cautelar, Carrión solicitó que a los denunciados se les prohíba salir del país, para facilitar las investigaciones ya que ya que estamos a puertas de un cambio de Gobierno.
Fuente: Ecuadorenvivo
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