Las diez preguntas definitivas para la consulta popular se conocerían la próxima semana, aseguró el ministro Francisco Jiménez
Esta tarde el Gobierno definirá las preguntas de un banco de 30 interrogantes. No se descarta que el plebiscito coincida con seccionales del 5 de febrero.
Reformas en temas de seguridad, cambios en la composición de la Asamblea Nacional y en otras instituciones y en las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), serían los temas en los que estarán enfocadas las treinta preguntas que el presidente Guillermo Lasso conocerá esta tarde, antes de su viaje a Estados Unidos por temas médicos, en una reunión con altos funcionarios del régimen para definir cuáles serán las diez que someterán a consulta popular.
Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en el programa Contacto directo de Ecuavisa, este martes 16 de agosto. Aseguró que la consulta popular “ahora va a cuajar” y que no se descarta que el plebiscito coincida con las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023.
☑️ "La consulta popular tiene que ir enfocada en aspectos de #seguridad, también se incluirán aspectos institucionales, se establecerá un banco de alrededor de 10 preguntas; está claro que necesitamos soluciones inmediatas" explicó @panchojimenezs vía @ecuavisa pic.twitter.com/vQh34rnfzX
— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 16, 2022
Jiménez adelantó que máximo la próxima semana el presidente Lasso estaría dando a conocer a la ciudadanía sobre el contenido de las preguntas, que se escogerán del banco de las treinta interrogantes.
Manifestó que temas como la reducción de asambleístas y la extradición se barajan en el banco de preguntas.
Tras el anuncio de Jiménez, las reacciones y cuestionamientos en redes sociales no se hicieron esperar.
Para la Comisión Nacional Anticorrupción la consulta popular que implementaría el Gobierno “no puede convertirse en una acción distractora de la coyuntura o en una pirueta electoral para intentar revertir los resultados eleccionarios a su favor en febrero de 2023″ y dicen que debe afrontar temas que combatan los problemas estructurales que afectan al país.
Esteban Ron, analista político, cuestionó en Twitter la eventual consulta y subrayó que una eliminación del CPCCS no sería viable a través de ese mecanismo.
“Esta vez en materia de seguridad; ¿qué se puede preguntar que no sean obviedades, posiblemente cooperación e intervención internacional? En materia institucional no hay mayores anuncios; ya se sabe que la eliminación de CPCCS no es por esa vía”, apuntó.
Asimismo, el jurista Mauro Andino criticó la medida y la calificó de “pura demagogia y populismo penal”.
“Que el Gobierno proponga una consulta popular para solucionar el sicariato, narcotráfico y delincuencia común es el mejor ejemplo de que no sabe dónde está parado. Eso es pura demagogia y populismo penal. Quieren utilizar el pánico de la gente para saciar otro tipo de intereses”, arremetió.
Convocar a una consulta popular ha sido una opción que el Gobierno de Lasso ha contemplado desde que inició su administración. Jiménez reconoció que se ha dilatado debido a que esperaban “establecer un panorama claro de coordinación” con el Legislativo, pero reconoció que hoy más que nunca es “imprescindible tener una consulta popular”.
“La Asamblea insiste en poner cuesta arriba las cosas”, manifestó Jiménez y agregó que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero que la Asamblea Nacional “permanentemente encuentra esquemas de acoso al Ejecutivo”.
Jiménez subrayó que cuando vean una agenda legislativa clara podrán sentarse a dialogar.
Hace pocas semanas se anunció la posible conformación de una comisión mixta entre representantes de ambas funciones del Estado para agilizar trámites de leyes y evitar bloqueos, pero la integración de esta comisión se ha visto postergada por un nuevo punto de choque entre los poderes debido a la designación y posesión del titular de la Superintendencia de Bancos, Raúl González.
El Gobierno de Lasso no reconoce a González y se ampara en una resolución judicial que echó abajo su designación y pidió se envíe una nueva terna al CPCCS, mientras que la Asamblea sí considera a González como superintendente y lo invistió el 11 de agosto.
No obstante, González no ha podido iniciar funciones porque un contingente policial le impidió ingresar al edificio de la institución el lunes. Su defensa alista acciones legales tanto ante la justicia nacional como internacional.
Sobre este tema, Jiménez reiteró que la Asamblea Nacional no nombra y solo posesiona y que no pueden posesionar a quien ya no cuenta con un nombramiento vigente. (I)
Fuente: El Universo
