Leonidas Iza y Jaime Vargas piden la amnistía por varios procesos en su contra
La mayoría están relacionados con el levantamiento de octubre de 2019; Iza enfrenta también un caso de tráfico de tierras.
En la Asamblea está pendiente de análisis cerca de 260 solitudes de amnistía que presentó la Conaie a la presidenta de ese poder del Estado, Guadalupe Llori, en septiembre de este año. Uno de los listados presentado por esta organización contiene el nombre de 52 personas. Entre ellos constan Jaime Vargas, expresidente de la Conaie; Leonidas Iza, su sucesor; y Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, regional amazónica de la Conaie.
Sobre Iza se mencionan varios casos. Uno ocurrido el 17 de julio de 2017, en la comunidad Chinaló Alto, cuando era presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi, y fue acusado de promover y organizar la ocupación de terrenos ajenos. El delito es ocupación ilegal de suelo o tráfico ilegal de tierras.
Los otros casos se refieren al levantamiento indígena de octubre de 2019, por el que tiene abierta una investigación previa por el presunto delito de secuestro a militares de la Brigada Patria, ocurrido en Lazo, Cotopaxi. En la solicitud se afirma que es una persecución política, ya que las acciones de Iza, consta en el documento, “estaban encaminadas a que se respete la autodeterminación de los pueblos”. También consta la denuncia por daño a bien ajeno, cuando atacaron el monumento de Isabel La Católica. Y otra por el delito de terrorismo.
Los casos de Vargas
Jaime Vargas tiene abiertos cuatro expedientes. Uno, por el artículo 349 del Código Penal, relacionado a grupos subversivos, que sanciona a la persona que los promueva o participe en estas organizaciones armadas. El proceso se inició por sus declaraciones en Macas, el 19 de octubre de 2019, cuando dijo que la Conaie tiene el derecho de organizar dentro de sus territorios guardias comunitarias para su seguridad y defensa. Otra investigación es por terrorismo, porque reconoció que mando a cerrar las llaves petroleras durante ese violento paro. Suma otra denuncia, por el secuestro en el ágora de la Casa de la Cultura a ocho policías; y otra causa por sabotaje.
Mientras que Marlon Vargas tiene abierta una investigación por el mencionado artículo 349.
Dirigentes obreros formar parte de los listados presentados para la amnistía. Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), también está por los hechos de octubre de 2019. En el oficio consta que los casos presentados son de defensores que pertenecen a pueblos y nacionalidades que están inmersos en procesos judiciales, sin observar estándares nacionales o internacionales; así como defensores de Derechos Humanos.
Luchadores de la naturaleza
En otro paquete de pedido de amnistías están activistas y defensores de los derechos de la naturaleza, así como comuneros. Incluye casos como La Merced de Buenos Aires (Imbabura), donde los comuneros combatieron la minería ilegal y se les abrió una investigación previa por la quema de campamentos y maquinaria tras la protesta de más de 500 personas moradores de esa parroquia en contra de las actividades mineras inconsultas. Se encuentran procesadas alrededor de 25 personas.
También está el caso Cahuasquí (Imbabura), donde las comunidades denunciaron que las concesiones mineras están sobre el centro del poblado, fuentes hídricas y páramos. Son 16 personas acusadas de paralización de servicios públicos.
El trámite
Entre las atribuciones de la Asamblea está la de conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de 92 legisladores. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio, por razones políticas o de conciencia. Es a la Comisión de Garantías Constitucionales la que le corresponde conocer estos temas, una vez calificados por el Consejo de Administración Legislativa.
Como efecto de la amnistía, se extingue la acción penal, la pena y sus efectos jurídicos. Resuelta la amnistía, no podrán ejercerse acciones penales ni iniciarse proceso penal alguno, por dichos delitos. Si la amnistía es negada, no podrá volver a tratarse en el trascurso de un año, desde la negativa.
Fuente: Ecuadorenvivo
