De acuerdo con el avance de las investigaciones de la Fiscalía a la entrega irregular de carnés de discapacidad, se evidencia que operaban organizaciones delictivas provinciales o sectoriales en las que participan funcionarios, especialistas de salud, personas naturales e incluso empresas privadas que incentivaban la adquisición de los documentos, informó Diana Salazar, fiscal general del Estado.
Durante su comparecencia ante la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional, Salazar puntualizó que al momento se investigan 74 casos; 34 en Guayas, 17 en Pichincha, 9 en Esmeraldas, 4 en Los Ríos, 1 en Azuay, 1 en Santa Elena, 1 en Sucumbíos, 1 en El Oro y 4 con fuero de corte.
Entre estos últimos se encuentran autoridades nacionales, incluido el asambleísta Fabricio Villamar, quien informó que la Fiscalía le inició una indagación ante las dudas generadas por su porcentaje de discapacidad y por la importación de un auto de alta gama a través del uso de este documento.
Salazar afirmó que el pasado 6 de julio se destinó cuatro fiscales especializados de la Unidad de Delincuencia Organizada, que trabajan con policías expertos en el área, para que investiguen estos casos.
“Se busca identificar todas las estructuras, no solo las que entregaron, sino también a los que, sin tener la discapacidad, se han beneficiado con exenciones; pero también a la empresa privada, que ha promovido la obtención de estos carnés para beneficiarse con las exenciones tributarias”, afirmó la fiscal, quien puntualizó que se investigan delitos contra la fe pública, aduaneros-tributarios y contra la administración pública. (ASM)-(I)
Verificación
Por su parte María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, afirmó que desde el 3 de julio le han solicitado al Ministerio de Salud, por seis ocasiones, la verificación de los carnés de discapacidad de 703 funcionarios judiciales sin que, hasta el momento, reciban respuesta.
Ante la ausencia de la información, la Unidad de Talento Humano solicitó los carnés y documentos de respaldo notarizados a 104 jueces y conjueces (7 no enviaron lo solicitado), 42 fiscales, 19 notarios (3 no entregan), 29 defensores públicos, 374 funcionarios administrativos (6 no envían) y 135 cargos administrativos de Fiscalía (todos remitieron documentos sin notariar).
De la información recibida, la Dirección Nacional de Transparencia de la Judicatura ha determinado que seis funcionarios administrativos adquirieron sus carnés entre marzo y junio del 2020, durante la pandemia, cuando la entrega de los documentos estaba suspendida, lo que dejaría entrever la ilegalidad de lo actuado. Sin embargo, según manifestó Maldonado, es necesaria la confirmación del Ministerio de Salud, para proceder con las respectivos sumarios administrativos, para la posterior destitución. (ASM)-(I).
Fuente: El Mercurio
