María Paula Romo: Recuperar el dinero robado no depende del Gobierno
María Paula Romo, ministra de Gobierno, hace una evaluación de la postura del régimen en varios temas de coyuntura nacional, desde las medidas económicas hasta la relación con la Asamblea.
¿Por qué el Gobierno dio marcha atrás en el alza del diésel? ¿Hubo temor por las movilizaciones?
El Gobierno no dio marcha atrás, si usted revisa las declaraciones del ministro (Richard) Martínez y de los otros cuando anunciaron las medidas, dijeron que el diésel para transporte de carga y pasajeros no se tocaba. Luego, en el decreto, se habla del precio normal del diésel premium y el industrial. Esto provocó confusiones, como algunos dirigentes del transporte están de candidatos de pronto los vimos diciendo que se cambió el precio. Volvimos a aclararlo y en otro decreto decimos que, independiente del precio internacional, en gasolineras se venderá a $ 1,037.
Los taxistas están divididos por las compensaciones por el alza de la extra. ¿Cómo va la negociación?
El Gobierno dijo vamos a conversar con todos los sectores, y lo estamos haciendo con la pesca artesanal; para el sector agrícola ya hay un mecanismo que está vigente, la cuantía doméstica, que es una cantidad de extra subsidiada; en sectores donde el transporte es por lancha; y los taxistas, que están acostumbrados a paralizar.
¿Y no era mejor tener un acuerdo sobre las formas de compensación antes de lanzar las medidas?
Hay diferentes lecturas. Yo creo que era importante empezar el año con algunos temas en orden, porque nos permite planificar la economía. Si nos poníamos a discutir, primero hubiésemos tenido las marchas y protestas del “por si acaso”.
¿Cómo está la relación entre Ejecutivo y Asamblea?
El Gobierno no tiene una bancada mayoritaria, pero tiene la más grande y alrededor de ella ha sido posible llegar a acuerdos y aprobar varias leyes. En todo este periodo, la ley que se aprobó con menos votos fue la de Comunicación (75), a pesar de que era un consenso.
¿Con qué sectores políticos tienen más cercanía?
Dependiendo de los temas. Conversamos con el BIN, SUMA, PSC (…). Y la Ley de Comunicación se aprobó entre Alianza PAIS y CREO. Hay disposición de diálogo de lado y lado (…). Actualmente no hay una sola bancada que permanezca intacta, no es una condición solo de AP.
¿Y con los correístas?
Esa sí es una relación muy tensa en la Asamblea y en el país. El Gobierno ha tenido una postura muy firme de denuncia de los casos de corrupción. Y el correísmo se ha enfocado en la defensa de sus líderes y los casos. Y tienen una línea inamovible: “Todo es mentira”, “las represas no se están cayendo”, “la Refinería del Pacífico está instalada”. Esto pese a que hay exministros, como Alecksey Mosquera, que aceptaron haber cometido el delito, él aceptó hacer recibido las coimas de Odebrecht.
¿El Gobierno cree que ha hecho lo suficiente en la lucha anticorrupción?
Sí, y falta más.
Pero hay críticas desde la Asamblea respecto a que no se concreta la cooperación de las Naciones Unidas, quizás a través de una institución similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) que opera en Guatemala.
Sí se ha dado. Lo primero fue una solicitud al Sistema de Naciones Unidas para auditar estos cinco proyectos emblemáticos. Cada país tiene un mecanismo según sus necesidades y circunstancias, cuando se creó la Cicig en Guatemala, no había instituciones, salía de una guerra civil, se presumían 36.000 asesinatos (…) entonces Naciones Unidas instaló una administración de justicia. Esa no es la situación de Ecuador, acá hay jueces, fiscales, Constitución, entregarle jurisdicción a otro ente requeriría una reforma constitucional. Por eso, el mecanismo de la Cicig no es compatible. ¿Cuál lo es? Lo que se ha hecho: Naciones Unidas, revise un paquete de proyectos, los más caros. Y Naciones Unidas, con independencia, ha demostrado que hay sobreprecios, irregularidades y hasta da una cifra: para que funcionen se necesitan $ 650 millones…
¿Y qué viene ahora?
Se le ha pedido investigar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son sectores estratégicos. Pero también se adelanta una gestión para que se instale en el país la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado (Undoc, por sus siglas en inglés). Estos temas requieren tiempo, firmar convenios, prever presupuestos. Pero esperamos que este año ya esté instalada.
¿Qué se está haciendo para recuperar el dinero robado?
Recuperar el dinero es una tarea gigantesca, pero no depende del Gobierno. Necesitamos tener sentencias penales ejecutoriadas de última instancia. No se puede quitar a nadie sus patrimonios si no lo ordena un juez, necesitamos la colaboración de la justicia (…). Comparto la sensación de urgencia, pero hay que entregar las responsabilidades a quienes corresponden.
En el tema de seguridad, el 27 se cumple un año del primer ataque del grupo de alias Guacho en San Lorenzo, Esmeraldas. ¿Cuál es la situación en la zona?
El cuartel bombardeado ya ha sido reconstruido, lo inauguramos la próxima semana. Se ha logrado procesar a 75 personas vinculadas al frente Oliver Sinisterra, incluyendo la jefa de logística (…). Creo que hay logros importantes. Pero la dinámica de la violencia en Colombia no nos permite decir que el problema está cerrado. La Undoc hace análisis periódicos de la cantidad de droga que se siembra en Colombia y en los dos últimos años en Tumaco y Nariño ha crecido a más de 200.000 hectáreas. Con el nuevo Gobierno en Colombia hay una estrategia militar de mayor control, lo cual tiene unas implicaciones de violencia (…). Hay problema real que está lejos de nuestro control, pero que hay que enfrentar. Hay una comunicación fluida entre los presidentes Lenín Moreno e Iván Duque, y tenemos coordinación a nivel de Policía y Fuerzas Armadas. (I)
Fuente: El Universo
