El Gobierno de Javier Milei envió el pasado miércoles al Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar la emergencia económica en Argentina hasta finales de 2025. Sin embargo, dentro de esa iniciativa se plantean cambios en el sistema educativo, que podrían perjudicar a los extranjeros.
La llamada ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ afectaría a casi todos los ámbitos de la economía, la política y la sociedad. Además, permitirá que se deleguen facultades legislativas en el poder Ejecutivo.
En total, el Gobierno propone un documento que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales.
En este sentido, Milei plantea sustituir el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521 por otro que dice: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos, quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos”.
Pero más adelante recalca que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, “podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero”.
Sin embargo, los estudiantes extranjeros sin residencia podrían optar por becas, si es que así lo plantean las instituciones educativas.
Esta ley podría afectar a la gran comunidad de ecuatorianos que estudian en Argentina. Un informe de Síntesis de Información Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación de esa nación determinó que hasta el 2021 había unos 2.636 compatriotas cursando carreras de pregrado.
El Gobierno argentino alega que este proyecto se promueve “con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”.
Milei, quien tiene una representación muy minoritaria en el Parlamento, ya había firmado la semana pasada un decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía, incluyendo la derogación de varias leyes, que ha desatado protestas y es objeto de reclamaciones ante la Justicia.
El proyecto de ley presentado este miércoles incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras y facultades al Ejecutivo para privatizar empresas públicas.
Fuente: Vistazo
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