Exministro Alecksey Mosquera, llamado a ofrecer disculpas públicas por caso de corrupción relacionado con Odebrecht
Cuatro meses después de que el ministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, sentenciado a cinco años de cárcel como autor de un lavado de activos relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht, salió de la cárcel luego de acogerse al beneficio penitenciario de régimen semiabierto, él deberá mañana miércoles, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ofrecer disculpas públicas como parte de la reparación integral simbólica ordenada en sentencia, el 10 de abril de 2018.
El 11 de noviembre pasado, a dos años y medio del fallo que no solo condenó al exministro Mosquera, sino también a su padre, Antonio, y su tío político, Marcelo Endara, a tres años de cárcel como autores, el Tribunal de primera instancia de la CNJ, integrado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y Marco Rodríguez, inició la ejecución de la sentencia en todas sus partes.
En este caso se sancionó al exministro Mosquera y a sus dos familiares por haber recibido y movido $ 1 millón provenientes de la brasileña Odebrecht. Santiago Játiva, exfuncionario del Municipio de Quito, también fue procesado en esta causa, pero la etapa de juicio se encuentra en suspenso, ya que él se encuentra prófugo de la justicia y el lavado de activos no puede ser juzgado en ausencia.
La tesis de Fiscalía señalaba que el delito se cometió mientras Mosquera ocupaba un cargo público. Ahí se habría armado una estructura para mover los dineros que fueron entregados por la brasileña una vez que Mosquera estuvo fuera de la función. Se habrían creado empresas en paraísos fiscales y se abrieron cuentas en Andorra para mover el dinero entregado a modo de coima.
El Tribunal dio 30 días de plazo a los sentenciados, desde el 11 de noviembre último, para que cumplan el pago de la multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito que fue de $ 1 millón. Estos tienen que ser pagados “solidariamente”, en partes iguales por quienes fueron declarados autores del lavado de activos, es decir, los dos Mosquera y Endara deben cancelar cada uno $ 666.666,667 para completar los $ 2 millones de multa.
Ramiro Albarracín, abogado de Endara, procesado que ya cumplió su pena en arresto domiciliario por su avanzada edad, asegura que su cliente no tiene los recursos para cancelar una multa a la que la define como desproporcionada. Pese a que insiste en la inocencia de su defendido, el abogado explica que se le quiere obligar a pagar una multa de más de $ 600.000 aunque el mismo Alecksey Mosquera dijo en el juicio que le entregó $ 80.000 a su tío, mediante una tarjeta de crédito, monto que, dice, tampoco se concretó.
“En el momento político que se dio la sentencia era importante culpar por culpar. Nosotros nunca hemos aceptado la coautoría. Siempre se dijo que el padre y el tío de Mosquera eran cómplices y ahora los señalan como coautores. Yo estoy esperando que pase el tiempo político y vamos a ver luego lo que va a suceder”, aclaró Albarracín, al tiempo que anunció que en su momento presentarán un recurso extraordinario de revisión a partir de prueba nueva, pues nunca se accedió a realizar una experticia en un banco de Andorra, donde se abrió una cuenta falsificando la firma de Endara.
En octubre pasado, Tania Silva, delegada del procurador Íñigo Salvador, presentó el pedido de ejecución de sentencia en este caso. De no cumplir los sentenciados con el pago de la multa en la cuenta del Banco Central del Ecuador del Ministerio de Finanzas, se deberá ordenar el embargo y el remate para cubrir la cantidad definida.
Como parte de la ejecución del fallo se ofició al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia de Bancos para que le apliquen a Alecksey Mosquera la “prohibición perpetua” para ejercer todo empleo, cargo público o cumplir funciones de dirección en entidades del sistema financiero y de seguros nacional.
En las disculpas públicas que se darán en la sala de audiencias del mezanine 1 no solo participarán los jueces de la CNJ, sino también el procurador Íñigo Salvador como representante de la víctima, el Estado ecuatoriano. (I)
