Municipio de Cuenca entra en fase final para dar de baja contrato de radares
El contrato señala que el operador se lleva el 40 % del recaudo de multas.
El directorio de la Empresa pública de Movilidad (EMOV EP) tiene todo listo para terminar de manera unilateral el polémico contrato de los radares firmado entre la administración anterior y un consorcio privado que, entre otros beneficios, se lleva el 40 % de las multas cobradas.
Dar de baja este acuerdo fue una de las banderas que llevaron a la Alcaldía de la ciudad a Cristian Zamora, quien a días de iniciar su gestión, el 14 de mayo pasado, ofreció que lo haría en ocho semanas. Es así que “en pocas semanas más, ojalá lo más pronto posible podamos dar por terminado el tema de los radares”.
Con más de la mitad de su plazo autoimpuesto, Zamora dijo que este proceso empezó desde el día que se posesionó a Darío Ordóñez como gerente general, razón por la que está dentro de las fechas establecidas.
Desde ese tiempo hasta acá el directorio ha mantenido varias reuniones para recabar la información que sustente su intención de deshacerse de las fotomultas para reemplazarlas por campañas de educación vial.
Ordóñez explicó que desde el 22 de junio entraron en la parte final de este proceso y, entre otros temas, han requerido al administrador del contrato que les remita los informes jurídicos, técnicos y económicos de los que se desprenden “grandes inconsistencias e irregularidades”.
Entre las anomalías estarían incumplimiento en los cronogramas de inversiones e implementación, falta de socialización, falencias en la homologación de equipos, experiencia específica y hasta la destrucción del medioambiente.
Aunque no es un dato vinculado directamente al acuerdo, Ordóñez contó que los 52 radares que se pretende implementar en el cantón Cuenca superan los existentes en Guayaquil, Quito y Manta, pero juntos. Por todos estos elementos la decisión unánime del directorio fue que se inicie el proceso de terminación unilateral y anticipada del contrato.
Antes de que finalice la administración municipal del exalcalde Pedro Palacios se firmó una adenda (un documento añadido después de la firma del acuerdo para modificar sus términos) en donde se plantea que de romper el contrato antes del tiempo pactado, la ciudad deberá pagar al inversor privado una millonaria indemnización.
De esto, Cristian Zamora dijo: “No hay robo perfecto, hay cabos sueltos, y sobre ellos actuaremos”. Ordóñez agregó que luego de notificar a la contraparte debe pasar un plazo legal para que los impugnados respondan y sobre ello tomar acciones fundamentadas en derecho.
Sobre las multas ya cobradas por los fotosensores, Darío Ordóñez respondió que ese es un tema adicional que se podría resolver a través de la Procuraduría General del Estado.
Fuente: El Universo
