El asesinato del israelita Shy Dahan genera temor en otros procesados dentro de los casos de corrupción que investiga la Fiscalía General del Estado, por la venta con presunto sobreprecio de insumos y medicinas durante los primeros meses de la presencia de la COVID-19 en Ecuador.

Mediante un escrito presentado por su defensor, Daniel Josué Salcedo Bonilla acudió al juez que conoce uno de los procesos que se han abierto en su contra, para manifestarle que su vida corre peligro en el centro carcelario El Inca, donde fue recluido tras el alta médica que le dio el hospital del suburbio de Guayaquil, donde fue tratado luego del accidente que sufrió en Perú.

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Según ha manifestado, así como se dio el asesinato de un ciudadano israelí en la Penitenciaría de Guayaquil “están asesinando a los sujetos procesales de causas de connotación política”; más aún, que “por la inseguridad que se vive en el sistema carcelario del país”, el Gobierno acabó de decretar el estado de emergencia del sistema penitenciario por 60 días. Ante esa situación, Salcedo pidió de manera urgente que se disponga su traslado al centro carcelario Quito 4, en la provincia del Pichincha, tal como lo ordenó el pasado 15 de junio el juez Reinaldo Cevallos, de la Unidad Judicial Penal Norte No. 2 de Guayaquil.

Luego de un análisis en lo que respecta a ponderación de derechos, como el derecho de inocencia bajo privación de libertad frente al derecho a la vida, por amenazas, de las que está advirtiendo el procesado, el juzgador dispuso este fin de semana su traslado al centro carcelario que solicitó.

El cambio se dispone a 72 horas de la audiencia de vinculación que está prevista esta tarde, de otras cuatro personas a quienes la Fiscalía formulará cargos dentro del proceso de peculado que investiga a Salcedo, por la venta de fundas para cadáveres que adquirió con aparente sobreprecios el hospital de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Salcedo enfrenta otros cargos por lavado de activos, dentro del cual se investiga también a su hermano Noé; además por el delito de fraude procesal y asociación ilícita que vincula a los hermanos Jacobo, Dalo y Michel Bucaram Pulley, hijos del expresidente Abdalá Bucaram, quien enfrenta también un tercer proceso por delincuencia organizada. Esto, tras el asesinato de Shy Dahan, ocurrido el pasado 8 de agosto, en la Penitenciaría del Litoral donde guardaba prisión junto con su coterráneo Oren Sheinman, quienes se hicieron pasar como agentes de la DEA de los Estados Unidos.

Dahan reveló en una versión a la Fiscalía de una supuesta negociación de medicamentos que hizo con Jacobo Bucaram, por más de 300.000 dólares.

En audios que se hicieron públicos, el exmandatario le ofreció ayuda legal para sacarlo de la cárcel, pero a cambio le pedía que no mencionara a su hijo Jacobo.

Fuente: El Expreso.

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