Cada vez que el país se apresta a ir a las urnas para elecciones generales, el interés por los candidatos a la Presidencia se superpone a los aspirantes a asambleístas.
Los líderes de movimientos y partidos políticos se encargan de encabezar las listas para la Asamblea con una figura que arrastre votos a los que le siguen en la papeleta de inscritos. Suele inscribirse a famosillos para captar el voto popular.
Los requisitos para ser asambleístas son: tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. Pero las atribuciones y deberes de los legisladores son de gran relevancia y responsabilidad, para lo cual les serviría mucho tener adecuada preparación y experiencia para legislar y fiscalizar.
Se podrá argumentar que están ahí en representación de diferentes sectores de la población y que cuentan con asesores para temas complejos, como reformas constitucionales; expedición, reformas, derogación e interpretación de leyes; crear, modificar o suprimir tributos; aprobar el Presupuesto General del Estado, etcétera. Sin embargo, en estos días cuentan con una bajísima aceptación popular.
No son pocos los involucrados en escándalos, que van desde el cobro de ‘diezmos’ a sus asesores, tráfico de influencias para tramitar contratos y exigir coimas, hasta la obtención de carnés de discapacidad de manera no fidedigna. Pero son casi inexistentes los sancionados.
En la Constitución del Ecuador, art. 127, consta que los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes.
Se debe conferir mayor importancia a la selección de candidatos a asambleístas; sus nominadores y los votantes deben prestar mayor atención al perfil de los candidatos que integren las listas. (O)
Fuente: El Universo
