Más del 70 % de los crímenes de 2023 se concentran en estos 30 cantones
Conozca cuáles son y por qué tienen altos índices de criminalidad
Diez de las 24 provincias del Ecuador concentran más del 90 % de los crímenes ocurridos durante lo que va de este año.
Los Ríos tiene la tasa de muertes violentas más alta con 102,2 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes. Siguen Guayas, Esmeraldas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Sucumbíos. A estas se suman Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas y Orellana.
En estas muertes violentas se incluye a los 7.258 asesinatos, homicidios, sicariatos y femicidios ocurridos en Ecuador hasta el 5 de diciembre de 2023.
De seguir la tendencia el país culminará el año con alrededor de 7.600 crímenes y una tasa de 45 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes.
Puebloviejo, ubicado en la parte central de la provincia de Los Ríos entre Quevedo y Babahoyo, es el cantón del país con la tasa más alta (17,6 homicidios intencionales por cada diez mil habitantes).
A este le siguen Huaquillas (El Oro), Naranjal (Guayas), Pedernales (Manabí) y Esmeraldas (Esmeraldas), que tienen una tasa que va de 14,6 a 11,3 muertes violentas por cada diez mil habitantes.
Hechos como el ocurrido la noche del domingo 3 de septiembre de 2023, cuando los hermanos Cristian y Marcelo Quishpe Gualpa fueron asesinados con disparos en la cabeza y tórax, evidencian el nivel de violencia en Puebloviejo que alberga a 40.961 habitantes, según el último censo del 2022.
El móvil del crimen habría sido una deuda de 600 dólares, según informó la Policía, pero también se registran asesinatos como represalias porque los hacendados se niegan a pagar las vacunas (extorsión).
Solo en una semana de agosto de 2023 se reportaron siete asesinatos de los 72 que han ocurrido en Puebloviejo hasta el 30 de septiembre pasado, según un reporte del Ministerio del Interior que incluye el total de crímenes por cantones más el lugar exacto, las horas cuando ocurrieron y el tipo de arma usada hasta ese mes.
Entre los 30 cantones que tienen los niveles de criminalidad más altos se encuentran, en su orden, Quevedo (Los Ríos), Yaguachi (Guayas), Ventanas (Los Ríos), Pasaje (El Oro), San Vicente (Manabí), Durán (Guayas), Playas Villamil (Guayas), Buena Fe (Los Ríos), Machala (El Oro), La Libertad (Santa Elena), Guayaquil (Guayas), Babahoyo (Los Ríos), Puerto López (Manabí), Valencia (Los Ríos), Milagro (Guayas) y Manta (Manabí).
Todos conforman un corredor que se vale de la infraestructura portuaria (12 de estos cantones tienen salida al mar) y de vastas áreas con haciendas, sembríos y pistas de aterrizaje clandestinas que son usadas como parte de la logística para el movimiento de las drogas y armas que ingresan de Colombia y Perú, indican especialistas consultados.
“Hay una disputa entre grupos de delincuencia organizada en las provincias de la región Costa para controlar el territorio, lo que genera estas muertes violentas. Pero también tenemos los efectos colaterales de la inseguridad, como los robos, asaltos, secuestros, vacunas. Aquí se dan los falsos positivos en los que terminan muriendo los que no son parte de estos grupos como la madre y los niños asesinados en Guayaquil”, dice Katherine Herrera, consultora en seguridad.
Una madre y sus cuatro hijos fueron asesinados la noche del 11 de diciembre de 2023 en el Guasmo Sur por una ráfaga de balas disparada contra la vivienda que habitaban. El ataque debía ser dirigido a la casa vecina, según reportó la Policía.
Son víctimas de un nivel de violencia sin precedentes que libra el crimen organizado en el país, que se concentra principalmente en los cantones de la región Costa.
Hasta septiembre pasado se contabilizan 5.715 crímenes intencionales, de los que 4.032 (70,6 %) ocurrieron en estos 30 cantones del país.
Santiago Pérez, catedrático de la Universidad Técnica Particular de Loja. señala que “los datos evidencian que la violencia se concentra en la región Costa cercana al océano Pacífico. La mayor parte de estos hechos tienen relación directa con el narcotráfico y el crimen organizado. Un área que es un punto estratégico de trasbordo de narcóticos y un refugio logístico para las bandas transnacionales que operan dentro del país, como los carteles mexicanos”.
También hay delitos conexos al narcotráfico, como la extorsión y secuestros que dejan víctimas colaterales.
El nivel de impunidad es mayor en estos territorios que tienen las tasas más altas de muertes violentas.
El 7,3 % de los crímenes ocurridos en Los Ríos hasta el 5 de diciembre último habían sido resueltos o tenían boletas para capturar a los supuestos responsables. La mayor cantidad están en la impunidad.
Lo mismo ocurre en la Zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón, donde el porcentaje de casos resueltos o con boletas de captura llega al 6,04 %. En El Oro es del 5,05 %, en Manabí del 5,84 %, Santa Elena del 6,36 % y Esmeraldas del 8,98 %.
“Estamos viendo la punta del iceberg, que es la violencia directa relacionada con el golpe, los insultos, los homicidios, violencia extrema, pero tenemos otro tipo de categorías que están dentro de la estructura del Estado, la cultura y la sociedad, que son el cimiento para este triángulo de violencia como bien lo señala Johan Galtung (filósofo)”, señala Pérez.
“Hay que tener en cuenta como para esta dinámica y auge de delincuencia organizada contribuye la corrupción que hay dentro de las entidades de la fuerza pública y del sistema judicial. La impunidad ayuda a que el delincuente no se limite en el momento de cometer los delitos”, manifiesta Herrera.
Poseen operadores incrustados en la Policía, Fiscalía, Consejo de la Judicatura que trabajan a favor del crimen organizado, afirma la especialista.
Hay una expansión de las actividades del crimen organizado que se suma a los delitos comunes como el robo a la propiedad. “La diferencia es que ahora hay una escalada de la violencia. Antes los grupos eran contados y fijos, pero ahora todo ha mutado y comienzan a proliferar”, manifiesta Herrera.
La variante es que tienen alianzas con más carteles internacionales, ya no solo con los colombianos, sino con los carteles de México y de la mafia albanesa y de Europa, agrega la especialista.
“Todos estas estructuras criminales crecieron ante el ineficiente control de la autoridad estatal. Y estos grupos delincuenciales tienen que comenzar a financiarse, para la parte logística, pago a sus integrantes, temas de alimentación y administrativos. Aquí surgen otros delitos como las extorsiones, secuestros, entonces la gama de ilegalidades se expande. Todo eso se suma a los delitos comunes. Ahora todo es más cruel porque se ha quebrado el tejido social”, asegura Herrera.
La ola de violencia es fuerte en Guayaquil y Guayas, pero no hay que descuidar Los Ríos, Manabí y El Oro. “Son provincias en las que funciona la parte del acopio y logística de los diferentes negocios del crimen organizado. En el caso de Los Ríos, la alta tasa de muertes violentas que tiene no solo corresponde al narcotráfico, sino a delitos como la trata de personas, lavado de activos y tráfico de armas”, indica Herrera.
Hay compra de haciendas, propiedades rurales y de negocios dentro del delito de lavado de activos que también se usan para contaminar finalmente los contenedores de exportación. “Recordemos que Los Ríos y El Oro son provincias bananeras”, acota.
Caso Metástasis refleja el nivel de penetración del narcotráfico
Las muertes violentas van de la mano con el nivel de penetración del narcotráfico, incluso a nivel estatal, manifiesta Pérez, a cambio de conseguir la impunidad de los crímenes.
El caso Metástasis revela los vínculos corruptos existentes entre la Función Judicial y el crimen organizado.
Un grupo de policías liderados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, allanaron el 14 de diciembre de 2023 las oficinas del Consejo de la Judicatura, organismo que regula al sistema judicial del país, al igual que las casas de jueces y otros funcionarios.
“Este operativo contra el narcotráfico y la corrupción tiene entre los detenidos a la figura más importante del Consejo de la Judicatura, su presidente, Wilman Terán, quien manejaba el organismo que vigila y disciplina a la Función Judicial”, asegura Pérez.
Fiscal general pide prisión preventiva para Wilman Terán en el caso Metástasis
Entre los detenidos también hay diez jueces en funciones.
La acusación fiscal se centra en que los cabecillas de las bandas delincuenciales pagaban a funcionarios judiciales a cambio de obtener sentencias favorables, aseguró Salazar.
Un análisis de la Fundación InSight Crime indica que “estas redadas de gran alcance son una victoria política para (el presidente de la República Daniel) Noboa, quien ha tardado en revelar sus planes exactos de seguridad. Pero persisten las dudas sobre la solidez de las pruebas y las implicaciones políticas de la investigación”.
El caso Metástasis se deriva del asesinato en la cárcel de Leandro Norero en octubre de 2022.
Norero fue fundador de los Chone Killers y al parecer ayudó a negociar operaciones de cocaína con el cartel Jalisco Nueva Generación de México, según InSight Crime.
“Con este caso estamos viendo cómo la justicia ha sido corrompida por el narcotráfico y el crimen transnacional, permitiendo una serie de actos jurídicos cuestionados por la opinión pública que conllevaron a la impunidad de muchas personas perseguidas por la justicia, no han cumplido sus penas a cambio de medidas sustitutivas”, señala Pérez.
El presidente de la República, agrega, debe respetar la separación de poderes ya que la Función Judicial tiene su propia independencia dentro de un sistema republicano y democrático. “Sin embargo, por lo menos debe mirar la posibilidad de que los concursos para seleccionar a los jueces que han sido tan polémicos se puedan encaminar para tener jueces que realmente impartan justicia”.
Noboa asumió el cargo el 23 de noviembre de 2023 y ya en funciones amenazó con nombrar y denunciar a los jueces y fiscales que dejan libres a los delincuentes. (I)
Fuente: El Universo
