Según los alcaldes del Azuay, las alícuotas mensuales que les corresponde no llegan con normalidad, pues hay porcentajes de diciembre de 2015 que aún no se transfieren desde el gobierno central, mientras que está a punto de cumplirse ya el segundo mes del 2016; a ello se suma también la no devolución del IVA, aunque en algunos casos se han dado negociaciones para recuperar estos recursos mediante bonos.

Esta situación ha complicado las actividades de los municipios, en su mayoría hasta el momento no han podido realizar ninguna contratación de obras nuevas y tienen problemas con los proveedores y contratistas; en cantones como Santa Isabel y Oña varios meses no pueden pagar a empleados y trabajadores.

Ante esto, y para tratar temas como la vialidad interprovincial, recursos de la Prefectura por acciones de las eléctricas y otros, el prefecto Paúl Carrasco ha convocado a una Asamblea Ciudadana para este jueves; el tema ha generado división de criterios. El alcalde de Guachapala y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, (AME) regional 6, Raúl Delgado, infomó que a su municipio como a la mayoría se le entregó sólo el 20% de la alícuota de diciembre, por lo que, incluido febrero sumaría unos 250.000 dólares aproximadamente de deuda, y a ellos se suma 302.000 del IVA.

Esta situación afecta, no hay liquidez, tenemos deudas incluso del año pasado con nuestros proveedores y en este año no podemos áun contratar obras; tenemos pendiente el pago del mes de enero a los empleados, pero a los trabajadores amparados en el Código de Trabajo ya se les pagó, dijo Delgado.

El dirigente municipalista, al referirse a la convocatoria de Carrasco y al exhorto que le hiciera públicamente para que reclame al régimen de gobierno por los retrasos, dijo que no ha tenido ninguna invitación de la autoridad provincial y que él sí está gestionando en el Ministerio de Finanzas.

“Por la gestión se transfirieron los recursos aunque parcialmente, igual estoy gestionando para que se entregue la primera cuota de la ley 047, para los 34 municipios de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Y ahora estoy pidiendo que los recursos de las eléctricas por las acciones de la Prefectura, sean transferidas a las municipios y juntas parroquiales, para ejecutar las obras que no está haciendo el Prefecto, todos sabemos el abandono vial en que tiene a la provincia”, expresó.

De la alícuota de diciembre, en estos días llegó sólo el 20% , pero de enero y febrero no hay nada; del IVA, mediante convenio nos dieron 321.000 dólares en títulos de valores del Banco Central, los estamos utilizando para negociar el tema del IVA con el SRI, pero nos adeudarían aún por este concepto unos 300.000 dólares más, informó la alcaldesa de Nabón, Magali Quezada.

Esto ha hecho que no puedan ejecutar obras de impacto cantonal y parroquial, planificadas con el presupuesto participativo. Siendo las alícuotas un tema vital para los municipios, al igual que el de la vialidad interprovincial en la que el gobierno le debe al Azuay, voy a participar de la Asamblea Ciudadana convocada por la Prefectura, nosotros tenemos asegurados los sueldos hasta mayo, pero necesitamos saber qué va a pasar en adelante, expresó.

El alcalde de Ponce Enríquez, Manuel Espionoza, reconoce también que hay deudas desde el Gobierno central, sin embargo asegura que su administración ha tomado precauciones para poder seguir trabajando, como el hecho de disponer de los recursos provenientes de la recaudación de impuestos.

A este cantón se le debe más de 700.000 dólares, de asignaciones presupuestarias pendientes desde diciembre; los recursos del IVA están siendo negociados vía bonos. Sobre sueldos el municipio está al día. “Estamos conversando, hay que buscarle soluciones a este inconveniente, todavía como AME no tenemos un pronunciamiento en espera de que se supere esto”, recalcó Espinoza.

Informó el alcalde de Paute Elioth Trelles, que a su municipio se le adeuda las alícuotas de enero y febrero, y el 80% de diciembre, a ello se suma cerca de un millón de dólares del IVA del 2014 y 2015; no le parece conveniente recibir bonos, porque estos no se pueden negociar sino solo canjear con el SRI. El no cree que la Asamblea Ciudadana sea una instancia válida para reclamar al Gobierno.

Para los alcaldes de Pucará, Rogelio Reyes y de Girón José Miguel Uzhca, la cultura tributaria que tiene la población, ha sido un aliciente en este trance de crisis eocnómica; pues las recuadaciones les están permitiendo cubrir temporalmente algunos rubros prioritarios.

Los alcaldes de Santa Isabel, Rodrigo Quezada y de San Fernando, Marco Peña, dicen que van a la Asamblea Ciudadana, pues en el primer caso no pueden pagar sueldos desde noviembre. Germania Ullauri de Oña también lo hará, se le debe 309.000 dólares, no puede pagar sueldos de enero.

Fuente: El Mercurio

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